La empresa UPM, ex Botnia, de capitales finlandeses, cerró un acuerdo con el gobierno de Tabaré Vázquez para que se haga una mega papelera en el centro del país, a orillas del Río Negro. La Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, que sufre las consecuencias de la papelera sobre el río Uruguay, expresó su desacuerdo porque el primer río desemboca en el Uruguay, por lo que los deshechos de la nueva papelera afectará al cauce binacional.

La oferta es tentadora para Uruguay, a pesar de que la papelera es una industria contaminante, el gobierno uruguayo, como en el caso de la papelera de Fray Bentos, se preocupa más por los beneficios materiales antes que los naturales. UPM prometió que con la nueva papelera, pavimentarán 224 kilómetros de rutas, modernizarán la red ferroviaria y acondicionarán el puerto de Montevideo.

“El acuerdo al que llegamos ayer contempla el trabajo conjunto en diversos temas que tendremos que ir solucionando”, resaltó Tabaré, quien consideró que dentro de los esudios que harán para llevar adelante este emprendimiento la cuestión ecológico es fundamental. “Se deberá cumplir estrictamente las normas con la mínima contaminación posible. La empresa quiere llevar adelante un proyecto sustentable”

La planta que levantará UPM tendrá excenciones impositivas. El presidente Uruguayo planea colocar la piedra fundamental el segundo semestre de 2018 y la planta estará funcionando para la década del 20. “Uruguay va a tener que invertir 1.000 millones de dólares en arreglos y la empresa se comprometé a invertir otros 4.000 millones. Esto no tiene antecedentes y tiene un impacto muy positivo para el país, porque se van a generar unos 8.000 puestos de trabajo dignos”, dijo Vázquez.

Por su parte la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en un comunicado de prensa destacó: “La nueva planta se hará en las orillas del Río Negro, desembocando este en el río Uruguay, lo que afectaría, como lo hace la planta de UPM, de manera directa el ambiente y la salud de nuestros vecinos. Con esta decisión, el Gobierno uruguayo incumple una vez más el fallo de la Corte Internacional de La Haya, ya que este estableció que el conflicto no se agrave y recomendó no volver a actuar de mala fe, así como fue dispuesta la vigilancia integral y continua del funcionamiento de la planta de Botnia y de su impacto en el río Uruguay, y aún no fue cumplida”

El conflicto que se originó en el año 2010 con la papelera de UPM en Fray Bentos llegó a la Corte Internacional de La Haya, quien se manifestó a favor de Uruguay, al asegurar que la planta no contamina, aunque sí consideró que actuó de mala fe al hacer un emprendimiento en un rio binacional en forma inconsulta.

La Asamblea va más allá y pide que el Presidente Mauricio Macri tome las “medidas necesarias para evitar la instalación de esta nueva planta”.