Vecinos de la localidad Paso Picón, ubicada a unos tres kilómetros de la ciudad de Canelones, Uruguay, iniciaron una demanda al médico Máximo Castilla, quien además de su “vocación por la salud” se dedica al negocio de plantar soja, una práctica que afectó la salud de sus vecinos.

Recordemos que en nuestro país, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados lucha incansablemente por frenar las fumigaciones con agrotóxicos que enferman a miles de habitantes. Sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires los/as docentes de escuelas rurales se unieron en la Red de Docentes por la Vida.

Los cultivos de soja transgénica conllevan la aplicación del peligroso herbicida GlifosatoCastilla fumigaba violando las normas establecidas y sus vecinos recibían la deriva del producto, también los chicos que asistían a la escuela de dicha localidad.

La demanda por daños y perjuicios es también para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) por no cumplir con sus deberes de controlar la actividad.

Tras reiteradas denuncias, Castilla dejó de plantar en áreas linderas con sus vecinos, aunque algunos de ellos afirman que sigue sin cumplir estrictamente con la normativa, motivo por el cual cuatro de ellos, Adriana Pascual, Ariel Gulpio, Antonia Mabel Celintano y Jesús Pedreira, representados por los abogados Alberto Gómez y Martín Fernández, reclaman por la afectación que sufrieron ellos y la hija de Pascual, de 12 años.

Al productor lo acusan, además, de daño moral, injurias, violencia privada y agresiones. Los vecinos y el abogado Gómez comparecieron el miércoles en el Juzgado de Conciliación de 4º Turno de Montevideo.

Gómez explicó que la responsabilidad del MGAP es “por la omisión de los deberes de control; debió haber defendido los intereses superiores de los vecinos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, a la voluntad ambulatoria”. En el escrito que presentaron a la Justicia, expresan que “el MGAP tiene competencia específica y exclusiva en el control de estas actividades” y que “sus intervenciones fueron extemporáneas e ineficaces”.

Según el abogado, “el MGAP es el único que podría haber cesado el daño, es el único que tiene la potestad de clausurar el establecimiento hasta tanto se cumplan las normas. Castilla fumigaba fuera de la reglamentación, el MGAP lo multó después de mucho tiempo. Gómez añadió que “hay una falla política estructural” porque “el MGAP, que es promotor de la actividad agropecuaria, resulta ser el mismo que tiene que controlarla; en ese sentido, entendemos que tiene que haber un cambio, dejar entrar eventualmente a otras agencias a que controlen esta cuestión”.

El reclamo es por los daños generados en los últimos cuatro años.Hay productores que han perdido cultivos y se ha afectado la posibilidad de trabajo de algunos vecinos. La exposición al daño genera una afectación a la calidad de vida, porque la gente tiene que estar todo el tiempo preocupada por su estado de salud, ir al médico, hacerse exámenes. Es gente que vive en el campo, y cada vez que tiene que moverse o hacer una gestión esta implica dinero, tiempo. La cifra es ajustada al daño que han sufrido y queremos que el MGAP, que es el que debió velar por los derechos de esta gente, se haga responsable”, sostuvo el abogado.

El MSP constató, en 2014, que existía “una exposición reiterada a plaguicidas” en la población residente de la zona y que eso había “afectado la salud de los pobladores”. En 2016 corroboró, en base al análisis de historias clínicas de los afectados y a consultas con los centros de salud, una vinculación directa entre las fumigaciones y las afectaciones en los casos de dos vecinos (en otros no se llegó a establecer esa relación).

En diálogo con medios locales, Adriana Pascual y Ariel Gulpio hablaron de sus problemas de salud. Pascual sigue teniendo drásticamente disminuida la colinesterasa –enzima cuya presencia en sangre se analiza para detectar la exposición aguda a plaguicidas fosforados o carbamatos–. Contó que su hija está mejor de la afectación de los bronquios, y que su insuficiencia respiratoria está controlada debido a la medicación y al descenso de la fumigación, que comenzó a darse hace poco más de dos años, cuando el productor dejó de hacerla en el perímetro cercano a las casas, tal como lo dispuso la IC.

Ariel Gulpio sigue afectado. Se define como “el primer agrointoxicado” reconocido por el MSP. Por la deriva de la fumigación de Castilla, a Gulpio le diagnosticaron “colecistitis aguda con indicación quirúrgica de urgencia” en marzo de 2014, tal como consignó el semanario Brecha, y por eso tuvieron que sacarle la vesícula; su hígado quedó afectado, así como un riñón y la uretra. “Tengo 65 años, estoy físicamente bastante mal, no puedo estar más de una hora sin ir al baño, ni estar parado más de dos horas. Todo mi organismo se descompuso por un veneno que no sabemos qué es; atribuimos que pudo haber sido glifosato y 2,4D [herbicidas], pero nos ha ido deteriorando internamente a mí y a mi señora, tanto en la irrigación sanguínea como respiratoria”, lamentó. Gulpio es, además, fabricante de productos orgánicos para el suelo, y ha perdido más de 60% de su clientela.