El 4 de diciembre de 2014, la docente Mariela Leiva dictaba clases en la Escuela rural Nº 44 ‘República Argentina’ de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, y vio que un avión estaba fumigando en inmediaciones del establecimiento, por lo que se comunicó con las autoridades educativas y policiales, para denunciar lo que estaba pasando. Cuando el personal policial llegó a la escuela hubo intentos para que el conductor de la aeronave dejara de fumigar, pero este continuó con la tarea.

Esta actividad ilegal causó trastornos en la salud de los niños (de 5, 9 y 10 años), quienes comenzaron a tener vómitos, irritación de los ojos, dolor de estómago y de cabeza, síntomas que un médico forense del Poder Judicial constató que fueron producto del químico diseminado en la fumigación.

El martes pasado se realizó la audiencia en la que se trató el requerimiento de la fiscal Melisa Ríos para iniciar un juicio contra el presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez; al titular del campo de arroz y maíz que contrató la fumigación con agroquímcos, José Mario Honecker; y al piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti.

Los tres están acusados por la comisión de los delitos de “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa” de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 24.051 (de Residuos peligrosos) y el 89 del Código Penal. La jueza de Garantías, María Evangelina Bruzzo, de Concepción del Uruguay no hizo lugar al planteo y elevó el caso a debate oral y público.

A Honecker se le endilga haber contratado los servicios de la firma Aero Litoral para fumigar un campo explotado con cultivos de arroz y maíz ubicado entre los kilómetros 7 y 11, de la zona rural de localidad de Santa Anita, con empleo de productos químicos calificados como residuo peligrosos por la ley nacional Nº 24.051.

La fumigación se realizó el 4 de diciembre de 2014 y la aeronave conducida por Visconti pasó en reiteradas ocasiones sobre el campo diseminando los productos químicos sin tener los recaudos necesarios para no dañar a terceros y al ambiente.

Ríos resaltó que en la pulverización aérea hubo un “déficit en la organización” ya que no se arbitraron “los recaudos necesarios para que la labor contratada se ajustara a la legislación vigente y no alcanzara a terceros, ocasionando perjuicios a la salud y al medio ambiente consistentes en:

– No limitarse en el uso de agroquímicos como era necesario por la existencia de la escuela Nº 44 República Argentina a distancia menor de 50 metros del lote sembrado.

– No comunicar de manera fehaciente con 48 horas de anticipación de la realización de la pulverización aérea en el lote a los pobladores lindantes, a los docentes, alumnos y progenitores o responsables de estos, y a la municipalidad adjuntando la receta agronómica”.

Además, la fiscal señaló que al momento de la aspersión del químico no había un técnico con conocimiento en la materia; y que la firma contratada para la fumigación no contaba con la habilitación correspondiente para efectuar ese tipo de trabajo. Como prueba de ello, indicó que el director General de Agricultura, Lucio Amavet, informó a la fiscalía que la empresa no tenía permiso para dicha tarea al momento del hecho.

Otro caso para mencionar y que está abordado en el libro ‘Envenenados‘ recientemente reeditado es el de Estela Lemesla directora de la Escuela Nº 66 Bartolito Mitre, de Costa Uruguay Sur, un paraje cercano a Gualeguaychú, quien convive con dos químicos en su sangre (uno de ellos, glifosato), producto de una fumigación ilegal que le ocasionó serios problemas de salud, y la ART se niega a cubrirle los costos de un tratamiento intensivo. Por otra parte, el IOSPER sólo lo hace en un 70 % pero no incluye costos de traslado y estadía en Buenos Aires, donde podría atenderse.

En Buenos Aires también existen denuncias por fumigaciones aéreas con agroquímicos sobre escuelas, como en Marcos Paz, 50 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires, en una zona dominada por el monocultivo de soja transgénica.