En Lago Puelo los vecinos hace diez meses se han unido para proteger los rios Azul y Quemquentreu, consiguiendo un amparo judicial que ha detenido la depredación de las márgenes de ambos ríos que son destruidas desde hace quince años por empresas que extraen sedimentos que son usados para emprendimientos inmobiliarios. La unión de estos vecinos ha sido ejemplar para proteger la cuenca Río Azul-Lago Puelo.

El colectivo Vecinos en Defensa de la Cuenca del Río Azul – Lago Puelo – Chubut logró lo impensado: detener a la industria inmobiliaria que en la zona cordillerana está causando serios deterioros al medio ambiente. Hace alrededor 15 años que varias empresas de la construcción extraen sedimento de los ríos que tienen su desembocadura en el lago Pueblo provocando severos desequilibrios ambientales. El lucro comercial de estas empresas logra socavar el desnivel del suelo, provocando un alto riesgo de inundaciones.

“Quien tiene la autoridad y salvaguarda de los ríos de Chubut es el Instituto Provincial del Agua (IPA), quien no ha realizado control alguno a lo largo de estos años de depredación y saqueo. Fueron muchas las denuncias y los reclamos durante mucho tiempo y recién el año pasado, el juez Guillermo Gregorio titular del Juzgado Único de Primera Instancia en lo Civil, Familia, Comercial y Laboral de Lago Puelo, dió lugar a un Recurso de Amparo y dicto una Medida Cautelar vigente hasta el día de hoy que prohíbe cualquier actividad de extracción de material del rio hasta tanto el Instituto Provincial del Agua presente los estudios necesarios y dé respuesta de la situación”, expresan en un comunicado los vecinos.

La extracción de sedimientos se hacía a diario, sin que ninguna de las empresas y particulares que lo hacían tuvieran permisos. La degradación que se ha hecho a los ríos Azul y Quemquentreu es evidente y notable, principalmente al primero. Pero esto se hacía con la mirada cómplice de la Municipalidad de Lago Puelo, quien recientemente decidió acompañar a los vecinos, cuando ya la situación fue completamente evidente.

“La Asamblea de vecinos no se quedó solo con la denuncia. Presentamos un proyecto de ordenanza para crear el Ente Mixto para el Manejo y conservación de la cuenca del rio Azul, que estará compuesto por representantes del Ejecutivo Municipal, concejales, representantes vecinales, comunidades mapuches, representantes de Parques Nacionales y del IPA. La finalidad de este Ente, inspirado en la participación democrática de los vecinos, es lograr consensos para acciones comunes y toma de decisiones respecto al Rio”

Esta iniciativa popular logró que el Ente relevara el estado del río, recorriendo 14 kilómetros de márgenes fluviales que están en la Cuenca del Lago Puelo. El informe de este Ente fue “lapidario”, según cuentan en el comunicado. “El estado de los ríos es agónico. Deja al desnudo la inacción del Estado y el desastre que han dejado los extractores de material. El informe llevo la firma del Ejecutivo Municipal, de todos los concejales, de representantes de las comunidades mapuches y de vecinos de la asamblea. Fue elevado al Juez Gregorio y forma parte de la causa”

El próximo paso para demostrar la gravedad de la situación, era conseguir a un geólogo que hiciera un estudio técnico, la Asamblea de vecinos convocó a Leonardo Ferro, Licenciado en Geología. El informe del especialista fue aún más determinante que el del Ente, se pudo comprobar que la Cuenca se halla en serio peligro, debido a la continua extracción de sedimentos.

“Los vecinos junto con el Geólogo, redoblamos la apuesta y le presentamos al juez un escrito con el detalle de una serie de consideraciones, sugiriendo al Instituto Provincial del Agua los procedimientos adecuados en cuanto a la normativa vigente para la  Gestión y el saneamiento de la cuenca del rio Azul“, afirman. Ahora sólo resta que el juez interviniente en la causa dicte sentencia. Será muy importante para la Justicia reconsiderar la relación que tienen los ríos con la supervivencia de las generaciones futuras, y dejar de lado las presiones circunstanciales de la política que acompañan siempre a las empresas extractivistas, en detrimento de los servicios ambientales de los recursos que estas modifican.