En una medida sin precedentes para nuestra Justicia, el Juez Federal Sebastián Casanello procesó por abuso de autoridad a tres ex secretarios de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso, quienes además no podrán salir del país y sobre quienes pesa un embargo de cinco millones de pesos. Se los acusa de incumplir la Ley de Glaciares para favorecer a la empresa Barrick Gold. 

La causa fue iniciada por la Asamblea Jáchal No Se Toca y desde sus redes sociales expresaron su satisfacción de poder ver al menos por una vez que la Justicia actúe defendiendo nuestros recursos naturales y soberanía, por sobre el accionar de empresas extractivistas, como Barrick Gold, acostumbradas a manejar la política y la justicia sanjuanina a su voluntad. Este vez en el fuero nacional se les escapó su lobby.

El Juez Casanello tomó la decisión de procesar a los ex funcionarios de Ambiente porque en sus accionares “se verificaron claras omisiones: no relevaron ni inventariaron con la amplitud y urgencia requerida por la ley las zonas a preservar” El hecho que más tomó trascendencia y que demuestra la impunidad con la que la empresa Barrick Gold se maneja en la Mina Veladero fue cuando abrió un camino quebrando en dos al Glaciar Almirante Brown, llenándolo de polvo debido al intenso tráfico de camiones que pasan por allí.

Este camino señala la huella de la corrupción y terminó en una acción de clara ilegalidad. Los funcionarios de Ambiente tenían todos ellos la obligación de hacer cumplir con la Ley de Glaciares, preservándolos de empresas como Barrick Gold que no sólo extraen recursos naturales en sitios protegidos, sino que contaminan el medio ambiente. El dictamen del Juez Casanello es enfático al afirmar que los “entonces funcionarios retardaron la publicación de los cuerpos de hielo inventariados y modificaron los presupuestos mínimos de protección de los glaciares. En definitiva, no cumplieron con el mandato legal de conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial“, afirmó.

Esta “inacción de los funcionarios” es un hecho de corrupción. Sus obligaciones eran las de controlar el proyecto minero Veladero para proteger el medio ambiente y evitar lo que terminaron avalando: la depredación de los glaciares y del ambiente periglaciar.