Tras la muerte por envenenamiento con agrotóxicos de los 34 cóndores en Malargüe, Mendoza, más de 60 especialistas de distintas organizaciones internacionales que trabajan en ecología y biología de la conservación solicitaron hoy al gobierno nacional que se tomen “medidas urgentes” para controlar el uso de estos venenos.

La falta de leyes de trazabilidad, que permitan seguir, controlar el uso y aplicación de estas sustancias altamente tóxicas, genera un vacío legal en el país preocupante, que es urgente revertir, advirtieron en una carta dirigida al presidente Mauricio Macri las organizaciones de Sudamérica, Norteamérica, Europa, África y Asia, encabezadas por el Grupo de Investigaciones en Biología de la Conservación (Grinbic).

Los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) agrupados en Grinbic expresaron su gran preocupación considerando que durante 2017 murieron en el país otros 32 cóndores por la misma causa, resulta alarmante el creciente número de casos de envenenamiento“.

Según los especialistas, al menos 66 cóndores (más del 20% de la población conocida para el noroeste de la Patagonia y más de la mitad de la población silvestre de Ecuador) murieron envenenados en Argentina en los últimos 13 meses, sin considerar las crías que podrían haberse perdido con la muerte de los adultos envenenados.

“Los estudios toxicológicos realizados han demostrado científicamente que en Argentina se está utilizando carbofuran para provocar envenenamientos intencionales. Este es un poderoso tóxico, prohibido en varios países del mundo, aseguraron en la carta los investigadores y advirtieron que “causan la muerte de especies protegidas y contaminan el suelo, el agua y ponen en peligro todas las formas de vida, incluso la humana“.

Las organizaciones pidieron que “se sancione una ley de trazabilidad y aplicación de agroquímicos a nivel nacional, que se desarrolle un programa de asistencia a los ganaderos para reducir las pérdidas por depredación de ganado por especies silvestres, que se lleven a cabo programas de educación ambiental sobre la importancia de preservar la vida silvestre y que se provea a las autoridades de fauna provincial de equipamiento y entrenamiento básico sobre los cuidados para atender los casos de envenenamiento y minimizar riesgos“.

La carta fue firmada por especialistas de instituciones como Programa Conservación Cóndor Andino (Argentina), Estación Biológica de Doñana (España), Departamento de Bosques y Biodiversidad de la Universidad de Wisconsin (EEUU), Fundación Cóndor Andino (Ecuador), The Peregrine Fundation (Kenya) e Instituto de la Conservación de la Naturaleza (Polonia), entre otras.