La ciudad de Jáchal, de unos 10.000 habitantes y ubicada a 170 kilómetros al norte de San Juan, “vive, desde hace seis meses, en permanente debate por el impacto del derrame de cianuro“, dijo Miriam Corso, una de las voceras de la Asamblea Ambiental “Jáchal no se toca” que fue la anfitriona de referentes ambientalistas de todo el país que se acercaron para debatir sobre la actividad minera. 

“Jáchal está muy atenta a los resultados del encuentro, porque el pueblo aguarda esperanzado que haya respuestas que hasta ahora no llegaron, a pesar de nuestra lucha de todos los días”, dijo Corso quien aseguró que con este encuentro “recibimos el apoyo de nuestros hermanos de todo el país“.

En la tarde del jueves pasado se realizó la presentación del encuentro, en el que se puso énfasis en que “en todo el país se profundiza el modelo extractivista, saqueador, represor y contaminante, como también son múltiples las luchas para frenar los negocios de transnacionales y empresas locales, y para construir alternativas”.

Bajo el lema “Jáchal no se toca, Cierre, Remediación y Prohibición“, el encuentro tuvo un “productivo debate de los representantes de los colectivos ciudadanos que aportaron sus experiencias” dijo Corso. También se trataron otras temáticas como el fracking, el monocultivo, la mega minería.

Estas asambleas nacieron en febrero de 2015 después que el gobierno sanjuanino anunció la intención de promover exploraciones para buscar uranio en la zona jachalera de La Ciénaga, y cobró mayor protagonismo con el derrame de cianuro en la mina Veladero.

Este hecho ya tiene a 9 ejecutivos de la mina imputados en la justicia de San Juan por el juez Pablo Oritja, y paralelamente se realizan investigaciones científicas ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello en Buenos Aires.

El magistrado federal hizo lugar a un amparo y ordenó que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realice una pericia a los vecinos afectados para conocer qué consecuencias trajo en su salud el derrame de cianuro.

Casanello dispuso además la formación de una comisión de expertos de varios ministerios, organizaciones y fuerzas de seguridad para evaluar cómo funciona el emprendimiento de la minera Barrick Gold tras las denuncias por contaminación con cianuro.

Resolvió que en esa comisión participen instituciones públicas, integrantes de la asamblea “Jáchal no se toca” y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, con la coordinación del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.

Los expertos deberán establecer definitivamente bajo qué condiciones está funcionando el establecimiento minero y si esas condiciones son las adecuadas para neutralizar de modo absoluto los riesgos asociados a la actividad.

Barrick Gold deberá afrontar ahora una demanda colectiva en Estados Unidos bajo la acusación de brindar “información falsa” sobre las razones que llevaron a frenar la explotación minera en Pascua Lama, situada en el límite entre la provincia de San Juan y Chile.

Del lado argentino, Pascua Lama se ubica en el departamento sanjuanino de Iglesia, afectado por el derrame de un millón de litros de líquidos cianurados en ríos de la provincia cuyana, producido el 13 de septiembre del año pasado en la mina Veladero.

Por otro lado, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, adelantó que pedirá que se ejecute el seguro ambiental de 90 millones de pesos – monto que deberá ser desembolsados por la minera canadiense- por el impacto ambiental negativo que produjo el derrame.