Mientras los vecinos de Jáchal se movilizan para pedir el cierre y remediación de la mina Veladero, Barrick Gold emitió un comunicado afirmando que se pondrá a disposición de la Justica para que se la investigue en los términos que se la acusan. El juez provincial Pablo Ortija quien está a cargo de la causa del derrame del año pasado y del producido el jueves 8 de septiembre, además de ordenar la suspensión de Veladero, dispuso allanamientos a la planta para levantar documentación, como consecuencia de las declaraciones que les hizo a ex empleados de la mina.

Las actividades en la mina están suspendidas desde el 14 de septiembre hasta tanto la empresa realice las obras de infraestructura que el gobierno de San Juan le exigió. “El incidente –sostiene el comunicado- se debió al desacople de una tubería que provocó la salida de mineral sólido fuera del valle de lixiviación pero que nunca hubo derrame de solución cianurada ni hubo contacto con cursos de agua ni con canales de desvío”.

Barrick se presentará a la justicia “con el fin de aclarar las dudas planteadas por las autoridades nacionales y provinciales” En este período de suspensión de sus actividades, asegura que pagará los sueldos de su personal.

El Juez Ortija tomó declaraciones a ex empleados que aseguran que en la mina los controles no se hacían de forma sistemática, también se pone en tela de juicio la forma de operar y de tratar sus deshechos tóxicos. Nadie le cree a Barrick, fundamentalmente los vecinos de Jáchal que conocen de primera mano la contaminación que ha producido la empresa canadiense.

La estrategia comunicacional de Barrick limita con el cinismo, como si presentarse a la justicia fuera una acción extraordinaria, es exactamente lo mínimo que debe hacer una empresa que obtiene millonarias ganancias extrayendo oro y plata contaminando el lecho de varios ríos en una de las regiones –hasta su llegada- más vírgenes de nuestro país. En su parte de prensa afirma que “como corresponde, se pondrá a disposición de las autoridades provinciales municipales, nacionales y la Justicia para que realicen sus propios análisis y mediciones a fin de brindar tranquilidad a toda la población”.

En la misma línea afirma que dejó entrar a su mina a autoridades ambientales y de minería provinciales y nacionales para que “tomaran muestras para realizar sus propios análisis” la empresa no informa que tuvo casi dos semanas para limpiar y ordenar este escenario. “Estamos trabajando para cumplir con todos los requerimientos, con el objetivo de ofrecer la máxima seguridad para los trabajadores, la comunidad y el medioambiente”, sostiene Barrick con irónica seriedad.