Desoyendo todas las alarmas que las organizaciones ambientalistas han procurado informar acerca del daño irreversible que se hará al rio Santa Cruz y al glaciar Perito Moreno, el Boletín Oficial comunicó una resolución firmada en conjunto por los Ministerios de Energía y Medio Ambiente en la que se aprueba la construcción de las controvertidas represas sobre este río, el último de origen glaciario libre de nuestro país.

Las razones por las cuales el gobierno decidió a acelerar la aprobación de estas represas no serían energéticas, como acostumbra a esgrimir, sino monetarias. El gobierno nacional firmó un convenio con China para financiar las mejoras en el Belgrano Cargas, pero ese dinero sólo se liberaría si se hace las obras que China pretende realizar en nuestro país, entre ellas, las represas, sino se realizan, hay una cláusula cross default en el que nuestro país le deberá pagar 1.300 millones de dólares a China por incumplir el convenio firmado. “Por una cuestión de plata vamos a arruinar el último rio glaciario“, manifestó al diario La Nación, Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre.

“Lo que hizo el gobierno es un trámite administrativo con el objetivo de completar un requisito legal, pero de ninguna manera implica la autorización directa para continuar la obra. La justicia tendrá que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema”, comunicó en las redes Andrés Nápoli, Director Ejecutivo en Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) quienes juntos con Aves Argentinas, Fundación Banco de Bosques y el colectivo Río Santa Cruz Sin Represas rechazan abiertamente la construcción de estas represas que modificarán el medio ambiente, poniendo en riesgo diversas especies cuyos hábitats quedarían inundados cuando sean estas megaconstrucciones las que controlen el cauce del río.

“Nosotros hemos planteado la nulidad del Estudio de Impacto Ambiental presentado por el gobierno”, nos cuenta Jorge Yanicelli desde El Calafate, este vecino fue el coordinador del Encuentro Nacional en Defensa del Río Santa Cruz que se realizó días atrás en esta localidad, donde se realizaron diversas actividades para informar a la población acerca de las consecuencias que traerán estas represas para el medio ambiente, consecuencias que el gobierno oculta en un Estudio que no informa, sino lo conveniente. En la Audiencia Pública celebrada en el Congreso Nacional, los ministros de Energía y Ambiente no tuvieron en cuenta los argumentos que las organizaciones ambientalistas presentaron. Para el gobierno nacional es simple: sino se hacen las represas, China no liberará más fondos.

La noticia de la aprobación de la construcción de las represas era esperada, pero igualmente cayó muy mal en El Calafate, donde se centran todas las voluntades que se oponen a la intervención del hombre sobre el río. En las últimas horas del día de ayer el colectivo Río Santa Cruz Sin Represas se reunió en asamblea para expresarse acerca de la intención del gobierno de seguir adelante con una propuesta que es resistida por los vecinos. A pesar de que la Corte Suprema ahora decidirá si es factible o no de hacerse las obras, este grupo de vecinos emitió un comunicado que transcribimos:

“La coalición de organizaciones “Río Santa Cruz Sin Represas” ha planteado la nulidad del Estudio de Impacto Ambiental y de la Evaluación de Impacto Ambiental y ha solicitado una nueva medida cautelar para que las obras continúen suspendidas hasta que se elabore uno nuevo que subsane todos los vicios y omisiones de los que estaba plagado aquél presentado por Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA).

Entre las acciones urgentes señalamos:

  • Se efectúe y publique el EsIA respecto del tendido eléctrico de alta tensión,
  • se presente el análisis de alternativas de proyectos,
  • se presente la evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley de Glaciares,
  • se evalúen los impactos en los glaciares que componen el Campo de Hielo Patagónico Sur,
  • se completen los relevamientos y campañas sobre la cuestión biológica,
  • se analice el proceso de “sismicidad inducida”,
  • se completen en su totalidad las tareas de rescate arqueológico,
  • se efectúe la consulta previa a las comunidades originarias,
  • se elaboren proyecciones serias de precipitaciones y cambio climático,
  • se efectúe el inventario de humedales y se incluyan dictámenes técnicos concluyentes del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el CONICET.

 

Desde las organizaciones ambientales de la Coalición consideramos que con esta medida el Gobierno busca avanzar con las represas para cumplir con el cronograma impuesto desde la República Popular de China. Sin embargo, el futuro del Río Santa Cruz no depende exclusivamente de su voluntad. Aunque el gobierno mantenga el discurso de que el Estudio de Impacto Ambiental y la audiencia pública fueron meros trámites, el proceso sigue judicializado y la última palabra la tiene la Justicia.