La Asamblea Paravachasca, integrada por el Colectivo de Organizaciones y Vecinos Autoconvocados del Valle de Paravachasca, emitió un comunicado que expresa: “El miércoles 25 de noviembre, Policía Ambiental realizó una clausura en un campo perteneciente al Secretario General y de Ambiente de la Municipalidad de Alta Gracia, Roberto Urreta, que se encuentra ubicado en La Isla, dentro del ejido de la Comuna de La Paisanita. Consideramos que el hecho es doblemente grave, debido a que, no solamente se llevó adelante un desmonte en una zona que correspondería a Categoría Roja; sino que además el aparente responsable es un funcionario público encargado, nada más y nada menos, que de velar por la protección, conservación y restauración de nuestros bienes comunes, especialmente luego de que el Valle de Paravachasca sufriera, en los últimos meses de este año, una de las mayores pérdidas de biodiversidad de su historia, con terribles consecuencias socio-ambientales.”

Meses atrás, el funcionario emprendió un proyecto privado de plantación de nogales para lo cual habría solicitado en la Comuna de La Paisanita la autorización de quitar especies exóticas, principalmente acacias. Pero el desmonte encarado por el Secretario General y de Ambiente habría alcanzado también a algarrobos y espinillos, entre otros especímenes de flora autóctona.

Redacción Alta Gracia, informó que Urreta indicó que “se estaban extrayendo acacias negras, las cuales son altamente invasivas y que cuenta con el permiso de la comuna para ello”.

Atendiendo a lo que se informa desde distintos medios, es por lo menos llamativo que el jefe comunal de La Paisanita, Ignacio Sala, haya autorizado llevar adelante la sustracción de vegetación “exótica” en esta área, que habría sido solicitada por Urreta.

“Sería conveniente y esperamos explicaciones públicas, por parte de la comuna de La Paisanita, sobre cuáles fueron los controles que realizaron para corroborar, por un lado, sobre las especies que iban a ser sustraídas; por otro lado, si se solicitaron las autorizaciones correspondientes de Ambiente de la provincia -autoridad de aplicación, encargada de solicitar el estudio de impacto ambiental para cualquier intervención sobre estos territorios-, para informarse a qué categoría de suelo pertenece esta zona”, indican desde la Asamblea.

La ley provincial 9814 prevé que el infractor deberá remediar el daño ambiental causado reforestando con especies nativas, de acuerdo a lo que imponga la Autoridad de Aplicación, quien además puede clausurar el área afectada para su regeneración natural y su consecuente restauración. Por otra parte, establece que el infractor ingresará al Registro Provincial de Infractores, administrado por la Autoridad de Aplicación que debe estar actualizado en norma permanente y será de acceso público.

“Si tenemos en cuenta que en estos espacios de gestión se encuentran, precisamente, los responsables de la protección del ambiente y es desde donde se promueven políticas públicas que promuevan su preservación, conservación y restauración, como también el efectivo cumplimiento de lo que establecen, de manera clara y contundente, las leyes ambientales es, al menos, paradójica la continuidad en su cargo”, expresaron desde Pachavasca.