La apertura de la exportación de limones a Estados Unidos no es gratuita para la naturaleza, y menos en nuestro país en donde los bosques nativos son un obstáculo para los productores. Greenpeace denunció que en Salta la empresa “La Moraleja” desmontó tres mil hectáreas de bosque protegidos por la Ley de Bosques. El gobierno provincial habría dados los permisos para realizar la tala ilegal.

“Con la apertura de la exportación de limón a Estados Unidos queda habilitada a despachar su producción, a pesar del delito contra una ley ambiental nacional. Los permisos fueron otorgados de manera ilegal por el gobierno provincial actual y la gestión anterior”, difunde en un comunicado la ONG, la empresa “La Moraleja” es una de las que exportará toda su producción a los Estados Unidos.

La historia de “La Moraleja” refleja la trama oscura que ahora se devela con el desmonte de las 3.000 hectáreas. Se trata de una estancia que fue comprada en 1978 por empresarios españoles que están siendo investigados en aquel país, sospechados de corrupción y malversación de fondos. En Argentina, una empresa de estas características puede trabajar con total normalidad, incluso apoyada por el Estado, en este caso el salteño.

Es evidente la complicidad de los gobiernos de la provincia de Salta con la empresa para violar la Ley de Bosques. Romero, el gobernador anterior, autorizó un desmonte en plena moratoria, una semana después de aprobarse la ley en 2007. Urtubey no sólo no obligó a la empresa a reforestar, sino que le otorgó otro permiso de desmonte en zona protegida”, comenta Hernán Giardini, Coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

El hecho de que la Ley de Bosques no se aplique ha sido letal para la biodiversidad de nuestro país. Sólo entre 2007 y 2014 se desmontó una superficie igual a la provincia de Jujuy. Las cifras hablan por si solas, el 90% de la tala ilegal se produjo en el Norte: Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco dejaron que se talaran 60.000 hectáreas de bosque nativo. La causa principal de este ecocidio hay que buscarla en la expansión de la frontera sojera.

“Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que el Congreso de la Nación apruebe en forma urgente la Ley de Delitos Forestales, que busca penalizar a quienes realicen desmontes e incendios ilegales con 2 a 10 años de prisión”, sostiene Giardini

En el caso de la estancia “La Moraleja”, su extensión es de 30.000 hectáreas y se ubica entre la Reserva Nacional Pizarro y el Parque Nacional El Rey, todas tierras protegidas del bosque chaqueño y la selva de yungas. La estancia tiene 15.000 hectáreas dedicadas a la producción intensiva de la agricultura, gran parte afectada a cultivos de soja transgénica y por lo menos 3000 hectáreas de critus, particularmente de limones. Sólo en La Moraleja, según datos de Greenpeace, se desmontaron 3.053 hectáreas de bosque nativo protegido por la Ley.

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