Entre Ríos es una de las provincias con mayor porcentaje de tierras afectadas al cultivo de la soja y a las fumigaciones con agrotóxicos. Pueblos y escuelas rurales sufren la presencia de estos agentes químicos, como el caso de Estela Lemes, una maestra de Ibicuy que inhaló glifosato en 2012 mientras daba clases y que hoy padece problemas graves de salud. En estos días se debate en la provincia una Ley que intenta regular el uso de los agrotóxicos, pero el área que debe controlar las fumigaciones cuenta con apenas dos autos y cinco empleados

La presidenta de la Comisión de Tierras de la Cámara Baja, la diputada Gabriela Lena, informó que en el marco del análisis del proyecto de ley para regular la aplicación de agroquímicos, el Director de Agricultura Lucio Amavet, les confió que el área posee “dos autos y cinco agentes” para el control de las fumigaciones en todo el territorio. Con tan escasos recursos “es imposible”, consideró Lena y alertó sobre la existencia de “zonas grises” en materia jurisdiccional. El lobby sojero es fuerte en la provincia, a ningún productor le interesa que se investigue cuánto y cómo fumiga.

El martes pasado, la Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente que preside la diputada Gabriela Lena comenzó a trabajar el proyecto de ley para regular la aplicación de agroquímicos en Entre Ríos. Se trata de la iniciativa impulsada por el senador -mandato cumplido- César Melchiori, que cuenta con media sanción de la cámara Alta.

Para el encuentro, los diputados invitaron a funcionarios de distintas carteras de Gobierno, pero sólo asistieron representantes del Ministerio de la Producción. No fueron ni de Salud ni de Medio Ambiente.

En ese marco, el director General de Agricultura de Entre Ríos Lucio Amavet, fue consultado por los Legisladores sobre los recursos que posee su área para el control de las aplicaciones de plaguicidas, previsto en la ley vigente Nº 6.599.

Cuando específicamente le preguntamos con qué contaban para controlar las aplicaciones nos manifestaron que tienen dos autos y cinco empleados para controlar toda la provincia. Con eso es imposible hacerlo. Obviamente es un tema que tenemos que ver porque podemos sacar la mejor de las leyes pero si no la podemos controlar estamos en lo mismo”, afirmó la diputada Lena.

Atendiendo a que se trata de una ley “bastante polémica” adelantó que la Comisión tendrá “varias reuniones” y que “la idea es juntarnos y escuchar a todos los actores sociales que tienen que ver con esto”. Por eso remarcó que tras la reunión del próximo martes, será el turno de “las entidades de productores agropecuarios y ambientalistas”.

“Estamos teniendo en claro que a la ley actual hay que hacerle una revisión porque quedó un poco desactualizada, pero no es mala. Hay falta de control por parte del Estado”, reiteró. Precisamente el punto referido a la falta de vigilancia por parte de los organismos correspondientes fue también señalado por los representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Entre Ríos que también participaron de la reunión de Comisión.

“La idea es trabajar en conjunto con los ingenieros agrónomos, con los productores y las municipalidades. Hacer convenios y también para las zonas donde los éjidos no llegan porque hay muchas zonas grises“, sostuvo Lena y agregó: “Todo es un tema a definir. Tenemos que buscar la manera de que no quede ningún lugar fuera de control”.

La legisladora explicó que la ley vigente tiene prevista la aplicación de multas pero “muchas no hay porque no se hace control”, argumentó. En tanto sobre el proyecto con media sanción en estudio, destacó que establece “acciones penales, pero no multas o sanciones”. La Ley divide aguas en el campo entrerriano, sus tierras tienen rindes excepcionales que aportan enormes ganancias, no sólo a los productores sino al estado provincial y nacional, pero esas ganancias se apoyan en una completa destrucción de los recursos naturales, contamiando la tierra y poniendo en riesgo la vida de los pobladores del interior provincial.