El proyecto fue aprobado a las 7.20 con 131 votos a favor, mientras que 117 legisladores votaron en contra de la iniciativa y 6 se abstuvieron.

La media sanción fue celebrada con aplausos y euforia en el recinto por diputadas y diputados que promovieron el dictamen que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo, festejos que se replicaron en la plaza del Congreso, donde las manifestantes, con enorme emoción, se abrazaban y agitaban sus pañuelos verdes.

Se trata del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández, que autoriza a realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.

Una de las incorporaciones de este nuevo proyecto es la “objeción de conciencia” de los profesionales que no quieran realizar esta práctica médica, que establece además que si una institución privada tiene todos objetores de conciencia debe derivar al paciente a otra sanatorio u hospital.

A lo largo de la maratónica reunión del pleno del cuerpo, expusieron durante poco más de 20 horas 164 oradores a favor y en contra del proyecto y en el último tramo cerraron el debate los diputados que defienden cada uno de los dictámenes de mayoría y minoría.

“El mundo es injusto, pero la respuesta no está en nuestro útero. Al contrario, el mundo es injusto porque está construido hace 500 años sobre un sistema basado en la explotación de las mujeres”, dijo la diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos) en el último discurso de la extensa sesión.

Por su parte, la diputada nacional del PRO Silvia Lospennato aseguró que, con esta iniciativa, se “cruza la última valla para el reconocimiento legal pleno de la autonomía de las mujeres”. 

Sin embargo, hay quienes aún no comprenden la urgente necesidad de esta ley: La diputada nacional Graciela Camaño, de Consenso Federal, expresó que la legalización del aborto “es inconstitucional” y se preguntó: “¿Creemos en serio que estamos ampliando derechos?”. En el mismo sentido se manifestó la diputada radical por Jujuy Gabriela Burgos, quien expresó su rechazo: “Mis fundamentos son jurídicos, no son morales ni religiosos, sino aquel que establece que la esencia misma del ser humano que dice que existe vida desde la concepción y por eso defendemos el derecho de todos a vivir”.

La sesión especial, que comenzó ayer poco después de las 11, contó con la asistencia en el palco de invitados de la ministra de Mujeres y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Salud, Carla Vizzotti; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y el ministro de Salud, Ginés González García, entre otros.

Una vez finalizado el debate sobre la legalización del aborto, la Cámara de Diputados trató el dictamen que establece un Plan de los 1000 días de protección integral de la mujer embarazada hasta los primeros años de la infancia, que fue aprobado rápidamente por 196 votos a favor y 6 abstenciones, cerca de las 9 de la mañana.

Desde el Gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, atribuyó a “la lucha de millones de mujeres” la media sanción y aclaró que el debate no pasa por “aborto sí o aborto no” sino por “si es legal” o “clandestino”.

Ahora, el Senado definirá la cantidad de comisiones a las que será girado el proyecto de ley y si repite la fórmula de debate de 2018, cuando la propuesta terminó archivada por una diferencia de siete votos. Fuentes del oficialismo informaron que se analizan las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por la santafesina María de los Angeles Sacnún; la de Justicia y Asuntos Penales, que dirige Oscar Parrilli; la de Salud, que conduce el radical Mario Fiad y no se descarta incluir una cuarta comisión, como Legislación General, que conduce Ana Almirón.

Más de 23.000 mujeres mueren al año en el mundo por abortos clandestinos

En el mundo se reportan alrededor de 121 millones de embarazos no deseados al año, de los cuales 73,3 millones terminan en abortos provocados, un tercio de ellos considerados “muy riesgosos” y también la causa del fallecimiento de al menos 23.000 mujeres, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Guttmacher.

Según el organismo sanitario dependiente de Naciones Unidas (ONU), de las 300.000 mujeres que fallecen al año por complicaciones relacionadas al embarazo o al parto, entre 14.200 y 40.000 son atribuibles a los abortos peligrosos, practicados por una persona que no está capacitada, se hace en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas o ambas circunstancias.

La cifra del Instituto Guttmacher, una ONG dedicada al progreso de la salud sexual y reproductiva, es aún mayor, acercándose a los 35 millones de abortos clandestinos al año, de los cuales 23.000 resultan mortales.

El continente con mayor riesgo de mortalidad materna es África, que reúne el 29% de los procedimientos inseguros del mundo, con una proporción de defunciones que asciende al 62%. En líneas generales, mientras que en las regiones desarrolladas se registran 30 defunciones por cada 100.000 abortos peligrosos, la cifra aumenta hasta las 220 y las 520 por cada 100.000 en las regiones en desarrollo y en el África subsahariana, respectivamente.

En los países en desarrollo, hay alrededor de 7 millones de mujeres que son hospitalizadas cada año a consecuencia de un aborto inseguro.

Según un balance publicado por la ONG sobre una investigación de la revista especializada The Lancet, el porcentaje de embarazos no deseados y de abortos, en términos comparativos, es similar entre países con acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) y en los que está prohibido; no obstante, el índice de abortos sí es mayor donde está restringido.

En total, de las 73,3 millones de interrupciones provocadas anualmente a nivel global, alrededor de 24,4 millones se realizan sin condiciones mínimas de seguridad.

 

En América Latina y África, tres de cada cuatro abortos practicados discurrieron en la clandestinidad.

En América Latina existe la interrupción legal en Uruguay, Guayana Francesa, Guyana, Puerto Rico y Cuba; mientras que por el contrario El Salvador, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Surinam la prohíben en todas las circunstancias.

El resto de los países se divide entre los que la habilitan bajo orden terapéutica o justificaciones de salud, y si corre riesgo la vida de la mujer; argumentos que representan a 56 países -con 237 millones de mujeres en edad reproductiva- y 39 -con 359 millones-, respectivamente.