Los intereses económicos en San Juan, como en gran parte de las provincias mineras, pueden más que la vida y los recursos naturales de las tierras que los gobernantes tienen, supuestamente, la obligación de proteger. En el primer planteo que el estado sanjuanino realiza sobre el derrame de cianuro de la mina Veladero, el fiscal Guillermo de Santis, quien a esta altura sería un delegado de la empresa canadiense, pidió a la corte suprema de justicia que aparte al juez federal Sebastián Casanello, por considerar que dentro de sus planes está el cerrar la mina, lo que ocasionaría la pérdida de trabajo de las personas que trabajan en Veladero.

Guillermo de Sanctis sospecha, en realidad Barrick lo haría, que el Juez Casanello quiere clausurar la planta, como lo vienen exigiendo todas las organizaciones ambientalistas, y en especial, los principales damnificados, los habitantes de Jáchal que ni siquiera pueden beber agua de sus grifos, por estar contaminadas por residuos de ácidos y soluciones cianuradas. Según transcendió, la presentación del fiscal estuvo acompañada por acciones directas que el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, realizó ante altos funcionarios del gobierno nacional, estos últimos con una amplia tendencia a favorecer a la industria mineria, que consideran una forma de economía regional.

La situación es compleja, aunque a Barrick Gold ya no le quedan argumentos para desvincularse del gravísimo derrame de cianuro, que, al decir del experto norteamericano Roberto Moran que visitó y analizó la planta, el problema no fue sólo este derrame sino que la planta ya habría sufrido otros y no los había dado a conocer

De Sanctis ya venía cuestionando la intervención del magistrado porteño, pero ahora plasmó sus argumentos en un escrito ante la Corte Suprema. El conflicto de competencia se desató cuando Casanello decidió abrir una investigación sobre el derrame, a pesar de que el mismo se produjo en San Juan y no en su jurisdicción, Capital Federal.

El principio general establece que es competente el juez del lugar donde se produjeron los hechos. Eso le daría la derecha al juez de Jáchal, Pablo Oritja, quien además fue el primero en intervenir y procesó a 9 ejecutivos de la empresa Barrick. Pero después, fruto de una denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, comenzó a actuar Casanello bajo el argumento de que investiga a funcionarios nacionales y que el incidente habría traspasado las fronteras sanjuaninas.

Así, hay dos magistrados de distinta jurisdicción abocados al mismo hecho, por lo que uno debe quedar afuera porque existe el riesgo de que haya sentencias contradictorias. Oritja le pidió al juez federal que se aparte, pero este se negó y es el máximo tribunal del país el que debe decidir si sigue o no.

Frente a ese conflicto, De Sanctis jugó una carta fuerte ante la Corte Suprema. A pesar de no ser parte en la causa, encontró una alternativa. Se presentó bajo la figura de “amigo del tribunal”, la cual es reconocida por la misma Corte Suprema como alguien que busca colaborar y que tiene un interés legítimo ante un caso de gravedad institucional. Según los antecedentes que rastreó el funcionario, el máximo tribunal incorpora dichos planteo a los expedientes, los analiza y terminan siendo un elemento de valoración para llegar a la resolución final.

De Sanctis expuso que el juez federal no ha tomado ninguna medida que apunte a la investigación contra funcionarios nacionales, que “inclusive ya han dejado de serlo, por el cambio de Gobierno”. Además, descartó que el incidente haya afectado a otras provincias. En base a los informes del Ministerio de Minería, reflejó que “a 4 días del derrame y a unos 50 kilómetros de la mina, por los cursos de agua no quedaban vestigios de cianuro”. También destacó que en el fallo del juez Oritja se concluyó que no hubo riesgo para la salud humana, ni la flora y la fauna. Dichos que hoy ya no tienen validez por los estudios que han realizo distintos peritos y que aseguran que al menos cinco ríos han sido contaminados por el derrame

Por otro lado, resaltó que Casanello prejuzga, debido a que en una cautelar que dictó el magistrado, dispuso que se entregaran a los pobladores de Iglesia y Jáchal alimentos no contaminados. “Parte de la base cierta que ingieren alimentos contaminados”, destacó. Y agrega que “ha tenido por verdad” lo que sostienen los denunciantes y los querellantes, como la asamblea Jáchal No se toca, “que buscan el cierre de la minería”. Por eso, señaló que “es muy presumible el peligro de cierre de la actividad minera, cuando todo está reparado y no hay contaminación alguna”.

Pocas veces el discurso de un fiscal puede estar tan contaminado.