Por Leandro Vesco / Fuente: Diario El Día

La Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Nº 4 de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay debió solicitar que el Juzgado de Garantías libre un oficio a la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia, para que informe sobre una fumigación aérea que afectó a la escuela Rural Nº 44 de Santa Anita.

La información había sido solicitada por la Fiscal en el mes de marzo a la oficina dependiente de la Secretaría de la Producción que, en su calidad de Órgano de Aplicación y Control de estas actividades. No obstante, ante la falta de respuesta, se decidió recurre al Juzgado de Garantías para que la emplace, bajo apercibimientos legales, a conwwwar en 15 días hábiles.

Al parecer la Justicia hace oídos sordos a los pedidos de la toda una comunidad que se une para que alguien pongo un alto a las constantes fumigaciones que se producen cerca o sobre viviendas o establecimientos educativos. Desde la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay, que llevan adelante la campaña “Paren de Fumigar”, junto a Agmer, informaron que la Escuela 44, ubicada al norte del Departamento Uruguay, a medio camino entre San Marcial, Líbaros  y Santa Anita, está rodeada de lotes con maíz, cruzando la angosta calle, y soja en los linderos, todos a menos de 50 metros.

En el mes de diciembre último la escuela sufrió una fumigación aérea con los niños en clase. La docente y los alumnos sufrieron algunos de los efectos agudos que producen los agrotóxicos en la salud: náuseas, mareos, erupciones en la piel y mucosas, picazón en los ojos. Como parte del proceso judicial iniciado por este hecho, en el cual la docente se ha constituido como querellante, la fiscalía solicitó la realización de análisis de sangre de los afectados y muestras de agua y suelo, y allanó los depósitos de una empresa de aplicaciones aéreas. Sin que se presenten otras novedades, el maíz y la soja crecen y serán fumigados en algún fin de semana, para poder cosechar a tiempo y que no se resienta “la producción”, aprovechando que los niños no asisten a clase durante esos días.

La docente del establecimiento, Marta Vergniaud, se realizó análisis de su sangre, constatándose la presencia de una importante cantidad de CLORPIRIFOS y DIAZENON, dos venenos utilizados en la agricultura industrial. Aproximadamente el 80% de las escuelas rurales de Entre Rios son fumigadas entre 4 y 8 veces por año, con estos y otros venenos. Desde la Escuela de Santa Anita han decidido recurrir a la idea de poner carteles cerca de la escuela advirtiendo que si se quiere fumigar, se avise 48 hs antes. La falta de moral de algunos productores no tiene nombre.

Acerca de la denuncia que hiciera la docente, la justicia deberá informar si la fumigación fue realizada “con arreglo a las normas vigentes”, si los plaguicidas utilizados están aprobados, si la maquinaria y el piloto están registrados, si la receta agronómica está bien confeccionada y si la fumigación fue notificada en tiempo y forma por la empresa aplicadora con presentación del plano del lote.

Así, la Fiscal Melisa Ríos de la Fiscalía Nº 4 de Concepción continúa una búsqueda de elementos para determinar si la denuncia que hicieron Agmer y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay por la fumigación aérea realizada sobre la Escuela Rural Nº 44 reúne la entidad suficiente para ser elevada a juicio.

Según informaron desde la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas” a través de un comunicado enviado al diario El Día de Gualeguaychú, el expediente judicial ya tiene los informes de los profesionales de Criminalística de la Policía de la provincia, del Servicio Meteorológico Nacional, del Médico Forense de Tribunales, de la Municipalidad de Santa Anita, que se suman a los presentados por la docente afectada y a los elementos retenidos en el allanamiento a la empresa Aerolitoral S.A.

“Desde nuestra campaña seguimos con atención las medidas que se disponen para este caso y le daremos la mayor y mejor difusión posible en la seguridad que las instituciones del Estado están para garantizar que todos los ciudadanos podamos vivir en un ambiente sano” La Justicia debe hacer cumplir la Ley y preservar la vida y la salud de todos, por sobre las ganancias de unos pocos.