En su libro usted desarrolla un estudio sobre cómo es controlada la actividad de inteligencia en los países de América Latina en comparación con las democracias más avanzadas.
-Sí, es verdad. Se los compara con un grupo de países que han logrado superar eficazmente las dificultades de controlar la actividad de inteligencia en relación a la plena vigencia del sistema democrático. Porque, como usted sabe, la actividad de inteligencia no es secreta, pero tiene secretos, es una actividad que utiliza medios capaces de penetrar en la intimidad de los habitantes. Es una tarea que utiliza un sistema de rendición de fondos diferente al común, establecido para posibilitar el secreto. Es muy importante que todo Estado considerado moderno cuente hoy con una actividad de inteligencia. Pero el factor que permite salvar esa aparente contradicción entre las características fundamentales del sistema republicano, que son por un lado la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno, y por otro el secreto que rodea a este tipo de actividad, es el control. Por eso es tan importante el control para lograr una inteligencia congruente con el sistema democrático.
-América Latina tiene un bajo nivel de institucionalización. Eso debe tener su correlato en el control de las tareas de inteligencia. ¿O no?
-Bueno, América Latina tiene estándares de control muy inferiores a los países institucionalmente desarrollados. Todavía muchos países tienen como hipótesis de inteligencia, aunque parezca mentira, el conflicto Este-Oeste, o lo que ha dado en llamarse Doctrina de Seguridad Continental, o Doctrina de Seguridad Nacional. Como consecuencia de eso, América Latina tiene como peculiaridad de su sistema, en primer lugar, no distinguir entre inteligencia interior y exterior, y tener competencias muy amplias en materia de inteligencia interior. Un segundo aspecto a tener en cuenta y que es diferencial de nuestra región: mientras en los países institucionalmente desarrollados la actividad de inteligencia tiene controles muy desarrollados no sólo externos, a nivel parlamentario, sino internos, en el propio órgano ejecutivo, en los países latinoamericanos los controles de la inteligencia son débiles o directamente no existen, como ocurre en el caso de Venezuela. Pero viendo el vaso medio lleno, podemos decir que los países más importantes de la región han dictado leyes públicas que regulan la inteligencia y establecen controles. Eso me parece un avance muy importante, que se ha realizado en los últimos diez años.
-¿Cuáles países son más eficaces para controlar su inteligencia?
-Estados Unidos es el primero en establecer en el mundo un control externo de inteligencia, y es muy eficaz aun en el nivel del control ejecutivo. Con limitaciones, claro. Usted recordará el episodio Irán-Contras, cuando la venta de armas a Irán hizo utilización del producto para financiar actividades de los llamados “Contras” de Nicaragua.
-De eso no me acuerdo. Sí de la venta de armas argentinas al Ecuador. Los peruanos muy contentos no estaban.
-Así es. Pero el caso de los Contras, fue uno de los grandes escándalos de la inteligencia norteamericana, que a pesar de eso tiene controles importantes y eficaces. Es un gran desafío, porque Estados Unidos tiene el sistema de inteligencia más costoso del mundo. Otros países con controles importantes son Italia, que se ha perfeccionado mucho, Holanda, un país que tiene controles muy interesantes, Bélgica, la República Federal de Alemania, y la propia Sudáfrica.
-¿Qué instituciones participan del control en esos países?
-Varían, pero generalmente se trata de una comisión bicameral, una comisión en una de las cámaras, como ocurre en España, o una comisión externa nombrada en el Parlamento, pero no formada por parlamentarios, sino por personas que se dedican full time a esa actividad de control, como en el caso de Bélgica. Hay otros esquemas, que son variados.
-¿Sobre qué hipótesis de trabajo arman sus esquemas de inteligencia los países latinoamericanos?
-Le diría con toda franqueza que hay que distinguir entre países. Nominalmente, las tareas de inteligencia de las que se ocupan los países de la región son las que llamamos amenazas contra la seguridad del Estado. En el caso de Colombia, por ejemplo, la actividad más importante es la relativa a la insurgencia, a las FAR (N. de la R.: Fuerzas Armadas Revolucionarias), etcétera. En otros casos, el narcotráfico, el terrorismo, también se investigan. Pero en América Latina, en algunos países más que en otros, en la práctica, la actividad política coyuntural, forma parte del trabajo de los espías.
-¿Y en nuestro país?
-Mire, yo creo que en la Argentina, en los planes oficiales no figura absolutamente nada de esto. Ahora, ha habido una cantidad de denuncias que permiten inspirar algunas dudas importantes a este respecto. En nuestro país, la política común no está oficialmente permitida como objetivo de inteligencia. En nuestra legislación, a nuestra inteligencia se la define como la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de las amenazas, peligros y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la nación.
-¿El aparato de inteligencia que existió durante la última dictadura fue desarticulado o todavía funciona?
-Mire, en principio, la actual Secretaría de Inteligencia, la SI, que reemplaza a la que antes era la SIDE (N. de la R.: Secretaría de Inteligencia del Estado), no fue desarmada sino que fueron ampliadas sus facultades. La Ley 5.520 le incorporó funciones, como las de la Central Nacional de Inteligencia, un organismo que fue disuelto, la contrainteligencia, que es facultad exclusiva de la SI, y la interceptación de medios de comunicación, que es la única con facultades para hacerlo. O sea, que es un organismo con facultades bastante amplias.
-De confirmarse las denuncias sobre el “Proyecto X” y si Gendarmería estuviera investigando a políticos, sindicalistas y organizaciones de la sociedad civil, ¿esto sería legal?
-Le comento un poco. El Sistema de Inteligencia Nacional está presidido por la SI. Lo integra, en primer lugar, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que tiene la función de dirigir, a su vez, la seguridad de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas, que deben limitarse a la emergencia militar, táctica y operacional. O sea que no deben hacer inteligencia interior, ni tampoco deben realizar ninguna otra actividad que no sea la defensa del país, tal y como está estipulado en la letra de la Ley de Defensa Nacional. Esta inteligencia depende directamente del ministro de Defensa.
-Pero la Gendarmería está fuera de esa Dirección.
-Claro. Porque aparte de esto, en nuestro Sistema de Inteligencia está la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Es la que se ejerce sobre el delito, propiamente dicho. Por imperio de las leyes 5.520 y 24.059 (de Seguridad Interior), esta dirección coordina, a través de la ministra de Seguridad (N. de la R.: Nilda Garré) la actividad de inteligencia de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Cada una de estas instituciones tiene un órgano de inteligencia criminal. Entonces, Gendarmería puede actuar exclusivamente sobre el delito, y está sujeta a los límites que establece el artículo cuarto de la ley 5.520, donde se prohíbe pedir información o hacer inteligencia sobre las personas por el sólo hecho de pertenecer o actuar en una institución gremial, política o civil lícitas.
-Esto significaría que la Gendarmería estaría cometiendo un delito, por espiar a políticos, parlamentarios y sindicalistas.
-Habría que ver. Si la Gendarmería está haciendo inteligencia porque investiga un delito, entonces, esa actividad sería lícita. Ahora, si lo hiciera con otros fines, ahí sí incurriría en infracción.  Hay que esperar un pronunciamiento de la investigación judicial.
-Después de los setenta, a muchos argentinos nos quedó la paranoia de que los “servicios” saben todo sobre nosotros, y no tiene límites para violar nuestra intimidad. ¿Es tan así?
Creo que la ley 5.520 fue un avance hacia una inteligencia con control. Pero fue un avance limitado, una ley de transición, la primera ley pública que limita la actividad de inteligencia. Recuerde que acá regía la Ley 20.195, que era secreta y establecía la creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado. La Argentina tiene que tener una actividad de inteligencia con límites mucho más precisos en el ámbito interno, mejor delimitada y con controles más eficaces. Controles que tienen que ser severos, pero discretos. No utilizados ni para hacer sensacionalismo ni para dañar a la democracia