El derrame de cianuro en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold ocurrido en Jáchal el año pasado sigue dando qué hablar. Un nuevo peritaje incorporado a la causa que investiga el derrame dio como resultado que al menos cinco ríos resultaron contaminados, por lo que se ordenó analizar muestras de redes domiciliarias de agua para establecer si hay riesgo para la salud, aunque el gobierno provincial señaló hoy en base a otros estudios que “no hay peligro” para la población.

El fiscal federal Ramiro González, a cargo del caso, reveló el peritaje hecho por la Policía Federal que da cuenta de la contaminación y solicitó un informe a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en base a muestras tomadas de la red de agua de las localidades sanjuaninas de Chinguillos y Agualasto, confirmaron fuentes judiciales.

Por su parte el gobierno de San Juan aseguró que los ríos de la provincia “no fueron contaminados ni tampoco lo fue el suministro domiciliario” después del derrame ocurrido el 13 de septiembre pasado en un ducto de la mina Veladero. La Agrupación ambientalista “Jáchal no se toca” entiende que este nuevo estudio es determinante y afirman que las consecuencias del derrame son mucho mayores. 

La causa por ese derrame está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y delegada en el fiscal, aunque aún la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que decidir si se sigue con la pesquisa en el ámbito porteño o en San Juan, donde hay una investigación también abierta.

En el pedido de pericia, González solicitó que se determine si la presencia de sales y cobalto en el agua resultaría “dañosa” para la salud. “Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051, por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación“, concluyó la pericia encargada a la división Delitos Ambientales de la Policía Federal.

Los peritos determinaron que en las muestras que se habían tomado de los cinco ríos por orden de Casanello, hubo presencia de “cianuro total” y en algunos casos presencia de otros metales pesados en valores que superaron los permitidos.

Además, el informe sostuvo que hay “amenaza” para la diversidad biológica en el agua al haberse detectado “contaminantes peligrosos”. El tema de los riesgos que implica la actividad minera para el medio ambiente y la salud cobró actualidad en las últimas semanas a partir de que el gobierno anunció la eliminación de retenciones para las empresas del sector “sin la contrapartida de medidas de protección” para la población y el ambiente.

Por su parte, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, justificó la eliminación de retenciones al asegurar que “tiene como objetivo fundamental conseguir pobreza cero” y afirmó que “no es un beneficio para las multinacionales sino que tiene el objetivo de dar más trabajo“. Los organizaciones ambiantalistas consideran que es darle un cheque en blanco a estas empresas para que hagan megamineria a cielo abierto sin procurar estudios de impacto ambiental.

El gobierno de San Juan afirmó que los ríos de la provincia “no fueron contaminados y el agua de consumo de las comunidades no fue afectada”, durante el derrame de solución cianurada ocurrida durante la noche del 12 de setiembre pasado e la Mina Veladero que explota la empresa canadiense Barrick Gold.

Por su parte, el representante de la Asamblea Jáchal No se Toca, Miriam Corso, indicó que los peritaje que confirman contaminación “son un empuje a la lucha pero hay una negación del tema, donde se minimizan los efectos del derrame y las consecuencias que traen en la población“. Tenemos análisis de verduras por un laboratorio del sur donde la contaminación está comprobada. Está el caso de un niño de cinco años de Jáchal donde aparecen rastros de mercurio con un análisis de sangre, con identidad reservada porque reciben amenazas“, denunció y recordó que los asambleístas acampan frente al municipio local desde el 13 de septiembre pasado,

“No nos vamos a ir hasta que la última mina no se vaya, porque son incompatibles con la vida de la población”, concluyó. La lucha continúa.