La Federación Agraria con esta campaña busca “advertir sobre las consecuencias que podría traer el hecho de otorgar el manejo de las cadenas productivas a firmas que ejerzan un abuso de posición dominante, por sobre las cooperativas, los acopios y los productores”.

Según la entidad, “los productores no estamos dispuestos a convertirnos en mano de obra barata y tercerizada de multinacional alguna. No tenemos por qué tolerar que patenten nuestros saberes, nuestro oficio de agricultores, nuestros suelos, ni la soberanía productiva y comercial de nuestro país”.

La Comisión de Semillas de la Federación le reclama al Estado Nacional que “regule las cláusulas de los convenios con los que pretende avanzar Monsanto. Al tiempo que solicitamos que se adopten medidas para priorizar la soberanía argentina. Se debe fortalecer al INASE (Instituto Nacional de Semillas) y garantizar los derechos de los agricultores, sean reconocidos en la legislación vigente”.

Por último, los federados manifestaron que “la tecnología es liberadora, siempre que sirva para brindar mayor autonomía. De lo contrario, no conduce más que al sometimiento. Creemos que ninguna excusa será suficiente cuando se haya avanzado en patentar nuestra biodiversidad o los alimentos que producimos los agricultores, los campesinos e indígenas, incluso nuestros saberes históricos”.

La Dirección de Matriculación y Fiscalización, del Ministerio de Agricultura de la Nación, envió este viernes una nota a tres empresas agroindustriales intimándolas a que informen si efectivamente están exigiendo el pago de regalías a los productores en base a controles privados de la biotecnología incluída en las semillas.

La jugada oficial responde al debate generado por la denominada “Cláusula Monsanto”, que implica la realización de wwweos de camiones por parte de la multinacional (con apoyo de otras empresas del sector) para determinar el uso o no de la tecnología “RR 2” o “Intacta” de su semilla de soja, que cuenta con protección de las leyes de propiedad intelectual.

Las fuentes consultadas contaron que las cartas fueron enviadas a Compañía Argentina de Granos, Toepfer y ADM. En caso de que las empresas no respondan en el plazo de 10 días el Gobierno les hizo saber que serán suspendidas del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA).

Por tal motivo, los representantes técnicos de las entidades y el segundo del ministro Carlos Casamiquela, acordaron volver a reunirse en unas semanas para analizar en detalle el funcionamiento del sistema de control de semillas.

El sistema implementado por Monsanto generó un fuerte rechazo de los dirigentes del campo que se mostraron molestos por lo que consideraron una suerte de aduana privada de la compañía para cobrar por el uso de una tecnología que está protegida por leyes de propiedad intelectual.

La Mesa de Enlace logró consensuar una posición conjunta sobre uno de los temas del momento en el sector agropecuario. “Monsanto aprovecha la inacción del Estado para asumir el rol de fiscalizar la producción de soja e imponer así retenciones”, apuntó el sorpresivo comunicado que contó, después de mucho tiempo, con los logos de FAA, SRA, CRA y Coninagro. “Exigimos a las autoridades nacionales que de manera urgente tomen cartas en el asunto para evitar que Monsanto o cualquier empresa privada, imponga un régimen inaplicable, arbitrario e inconstitucional”, señaló el comunicado.