La fiscal de feria Adriana Abad decidió suspender hoy la orden de desalojo contra los manifestantes del bloqueo a la multinacional Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. En las últimas horas se había dado a conocer la decisión de los asambleístas de realizar una marcha este viernes hacia la ciudad de Córdoba para prowwwar contra la orden de desalojo.

La suspensión de la orden -que había dado el fiscal Victor Chiapero el 30 de diciembre último- llegó tras ocho días de resistencia de los manifestantes que desde hace dos años impiden el establecimiento de una mega planta de semillas en un predio de la localidad.

El desalojo quedará suspendido al menos hasta que se acabe la feria judicial y retorne a sus tareas el fiscal Víctor Chiappero, quien ordenó el accionar policial minutos antes de irse de vacaciones.

Carlos Quintana, el abogado que patrocina a los manifestantes (vecinos y ecologistas) explicó que Chiappero volvería a su funciones a principios de febrero, pero aclaró: “La vamos a apelar cuando vuelva”.

Los vecinos resisten la instalación de la multinacional por el presunto factor contaminante desde septiembre de 2013 al mantener el acampe en la puerta del predio ubicado en el kilómetro 9,5 de la ruta A88, en el pueblo cordobés de 13.000 habitantes. 

La asamblea de Malvinas Argentinas bloquea a la multinacional de semillas transgénicas desde hace más de dos años, para evitar la instalación de la misma, a la que acusan de contaminar el ambiente y producir productos contaminantes. Chiapero había argumentado la necesidad del desalojo para “garantizar las normales actividades de Monsanto en el predio”. Han dado en llamar al sitio “Acampe por la Vida

Ahora Abad, quien reemplaza temporalmente a Chiappero, sostuvo que no había elementos que acreditaran ningún delito de índole penal en el acampe como para impulsar un desalojo por la fuerza, con el uso de la Infantería.

La fiscal de feria entendió que Chiappero tampoco avanzó con ningún tipo de procedimiento que recabara información para acreditar que en el acampe pacífico se haya cometido algún ilícito que demande un desalojo.

La orden de Chiappero estaba fundamentada por la denuncia formulada por el abogado de la empresa Monsanto, Ignacio Soria, ante el supuesto “entorpecimiento” a la ciruclación de personas y objetos en el predio.

La empresa no cuenta con ningún permiso municipal para trabajar en el predio, luego de los rechazos por parte de la justicia en enero de 2014 a la instalación de una fábrica de semillas sin un exhaustivo estudio de impacto ambiental.

En tanto, los asambleistas insisten en su postura: “Monsanto tiene su estudio de impacto ambiental rechazado. Monsanto es ilegal y se tiene que ir de una vez por todas. Porque el progreso que mata, enferma y envenena no es progreso