Pilas y baterías usadas serán tratadas a partir de ahora como residuos peligrosos y deberán tener un tratamiento especial para su disposición final, el cual quedará a cargo de los productores de pilas, una vez que estas sean desechadas.

La Legislatura porteña aprobó esta nueva ley, que además prohíbe que las pilas se quemen o entierren. Se trata del plan de “Gestión ambiental de pilas en desuso”, que fue aprobado con 53 votos positivos y 2 abstenciones.

Así, tanto los productores, importadores, distribuidores e intermediarios serán responsables de su gestión en la etapa posconsumo del ciclo de vida de las pilas o baterías. Todos ellos deberán adecuarse al Plan de Gestión Ambiental, diferenciar pilas y baterías del resto de los residuos urbanos y someterse a programas y planes de manejo aprobados por la Autoridad de Aplicación. El Estado deberá asegurarse y controlar que el plan se cumpla y la sociedad deberá tomar conciencia de su uso y descarte.

Se entiende por residuos peligrosos aquellos que “por su tamaño, volumen, cantidad y/o sus potenciales características de peligrosidad, nocividad o toxicidad, deben sujetarse a un Plan de Gestión Ambiental diferenciado del resto de los residuos sólidos urbanos”. Se considera dentro de este plan “al conjunto de actividades destinadas a recolectar, transportar, valorizar, tratar y disponer los residuos de las pilas, debiendo adecuarse a programas y planes de manejo específico, aprobado por la Autoridad de Aplicación”.

La pila es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica por un proceso químico transitorio. Su consumo se incrementa cada año no sólo por el aumento de la población sino por la importante cantidad de aparatos y artefactos que se utilizan. Más de 500 millones de pilas se descartan al año en Argentina, un equivalente a diez pilas por persona.