Por Matilde Moyano

Diversas organizaciones que integran la lucha contra los agrotóxicos emitieron una carta abierta dirigida a Diputados/as y Senadores/as de la Nación y a todos los ciudadanos, con el fin de evidenciar que el proyecto de ley que busca regular la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios (agrotóxicos) intentaen realidad arraigar un sistema agroproductivo que ya demostró ser obsoleto.

Se trata de una ley elaborada y promovida por el diputado Luis Basterra (FPV), que en 2015 obtuvo media sanción en Diputados y que ahora busca la aprobación del senado, de la mano de del senador Alfredo de Angeli (PRO). Si bien se encontraba agendada una reunión plenaria para este martes 31 de octubre, integrada por las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Justicia y asuntos penales, esta fue suspendida.

Conocé por qué la producción agroecológica es el mejor camino a seguir:

“Es para nosotros/as indispensable que quienes se sentarán a debatir estos proyectos sepan que, ya no estamos hablando de respetar el principio precautorio, sino de la necesidad de remediar el daño ambiental y sanitario en el territorio nacional, probado de manera irrefutable por la avasallante evidencia científica, tanto mundial como nacional, por parte de organismos de Estado, Universidades Nacionales y equipos independientes.

Ésta evidencia nos muestra que no existe una manera responsable de liberar venenos en el medio ambiente puesto que se detectan cantidades alarmantes de éstos hasta miles de kilómetros de la fuente de emisión.

Este proyecto de ley intenta arraigar un sistema agrícola que ya demostró ser obsoleto tecnológicamente, poco eficiente y sumamente contaminante.

Hemos visto a quienes pregonan esta ley en medios afines a las corporaciones del agronegocio diciendo que todos los sectores han sido consultados, pero una vez mas no han tenido en cuenta la postura de los habitantes afectados por la agricultura industrial dependiente de un cóctel de agrotóxicos y a la población en general, puesto que con estas legislaciones se sigue poniendo en juego ni más ni menos que la soberanía alimentaria de este país.

Nos llama la atención que ignoren los novedosos métodos agroecológicos recomendados por la FAO y muchos centros regionales del INTA que son más avanzados tecnológicamente puesto que no dependen de fertilizantes sintéticos ni venenos para producir, al mismo tiempo que generan una huella positiva en el ambiente, son más eficientes energéticamente, contribuye a generar empleos, favorece las economías regionales y sobre todo existiendo antecedentes nacionales que utilizan estos métodos, como el establecimiento “La Aurora” premiado por la FAO.

Les decimos también que el modelo tóxico industrial contribuye al desempleo, la mala alimentación, deteriora de las economías regionales, concentra las tierras y recursos, reprimariza de la economía, genera perdida de la biodiversidad, destruye el ambiente en general y los ecosistemas, acarrea perdida de fertilidad de los suelos y es causa principal de las inundaciones que van en aumento año a año desde la ampliación del modelo agroindustrial. No podemos dejar de mencionar el cambio detectado en morbilidad y mortalidad relevados en las poblaciones afectadas directamente por las pulverizaciones, hasta cuatro veces mayor incidencia en diferentes trastornos y enfermedades a la media nacional.

Se hace necesario efectivizar una prohibición incondicional de todo veneno de uso agrario con propiedades cancerígenas, genotóxicas, teratogenicas, neurotoxicas, o con capacidad de disrupción hormonal (COPs), pues no existe dosis segura a sus exposiciones.

No pudieron o no quisieron controlar que efectivamente el sector agroquímico no fabrique, importe, transporte, acopie y use venenos ya prohibidos hace décadas, como los detectados por diferentes análisis y estudios, entre los cuales destaca el realizado por la UNLP. Los registros de aplicadores están lejos de ser completos, muchas veces las pulverizaciones se hacen sin receta agronómica. Por lo tanto exigimos se cumpla con lo pactado con distintos compromisos internacionales como por ejemplo en el convenio de Rotterdam.

Este proyecto de ley busca barrer con las medidas de resguardo que supieron conquistar en distintas provincias y localidades, respecto de las prohibiciones de diferentes principios activos. Este proyecto se basa en datos sesgados, presentados por las mismas cámaras empresariales que sólo buscan aumentar sus ganancias y continuar externalizando costos.

En lo que respecta a los procedimientos de evaluación y registro, denunciamos la actuación indolente del SENASA en lo que respecta a los criterios de observación, la dosis letal 50% (DL50), y datos sobre intoxicaciones agudas a muy corto plazo (3 meses), es un mero artilugio retorico. Ante ello exigimos que las evaluaciones sobre riesgo y peligro sean realizadas sobre los principios activos, los diferentes formulados y las potenciales sinergias, tomando en cuenta los efectos agudos y crónicos, evaluando efectos subletales a mediano, largo y muy largo plazo (estudios multigeneracionales).

Exigimos que se actualicen los límites máximos recomendados (LMRs), en argentina tenemos valores diez veces superiores a los permitidos en Europa.

En relación a la creación de un observatorio científico tecnológico sobre agrocontaminantes, exigimos sea conformado de manera interdisciplinaria, por científicos sin conflictos de interés, que representen disciplinas que analicen los efectos sociales, ambientales, sanitarios, económicos y culturales y todos los datos sean públicos.

En cuanto al régimen que pretende impulsar este proyecto de ley denunciamos que es incompatible con las normas vigentes de sanción establecidas en Códigos y leyes nacionales. En este sentido exigimos se amplíen el orden jurídico vigente, sus sanciones penales y civiles, a fin de asegurar la vida y el ambiente para las generaciones presente y futuras.

Recordamos a los/las diputados/as y a los/las senadores/as que han sido elegidos/as para velar por el bienestar y resguardo de la población y no para legislar a conveniencia de los negocios de las corporaciones de la agroindustria.