La Central Termoeléctrica de Río Turbio, que pretendió ser vendida a los ciudadanos con el titulo de la “central generadora de energía más austral del mundo” no podrá salir en funcionamiento si antes no hace un estudio de impacto ambiental, algo que se dejó pasar por alto en momentos de su planificación.
El Juez Federal Javier Leal hizo lugar a un recurso de amparo que había presentado en el año 2014, Eduardo D´Elia, miembro de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos. El fallo judicial determina que “en forma previa a la puesta en funcionamiento de la central termoeléctrica Río Turbio deberá la empresa adjudicataria (Isolux) culminar de forma íntegra con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), resolviendo las observaciones formuladas por la autoridad administrativa y garantizando la participación ciudadana en dicho trámite”, detalla el fallo que difundo el diario La Opinión Austral.
El amparo data de febrero del año 2014, en aquel año fue presentado por el referente de la Asamblea y el letrado de la misma, Dr. José Luis Janezak. Estaba dirigido al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Poder Ejecutivo Nacional y la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Cruz, quien fue la que aprobó el inicio de la polémica obra.
El fallo judicial que la semana pasada se dio a conocer llama a la empresa al “correspondiente Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental respecto del destino o disposición final de las 1.800 toneladas de cenizas contaminadas con metales pesados y elementos radiactivos que, generará diariamente la usina como también, de las 24.000 toneladas de gases contaminantes salidos de la chimenea, producto de la quema del carbón. Se deberá presentar datos técnicos referente a la manipulación del amoníaco; datos técnicos de filtros de manga; características finales de las cenizas de fondo; sistema de tratamiento de efluentes; creación de un área de reserva con masas forestales, etc.”
Atendiendo a que aún faltas todos estos documentos, el Juez entendió que “en forma previa a la puesta en funcionamiento de la central termoeléctrica Río Turbio deberá la empresa adjudicataria, culminar de forma íntegra con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental resolviendo las observaciones formuladas por la autoridad administrativa y garantizado la participación ciudadana en dicha etapa en trámite”.
El escrito judicial, que marca un importante antecedente en la jurisprudencia ambiental, se fundamenta en la Ley General del Ambiente Nº 25.675 “que prevé en su Art. 11 que toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”