La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Entre Ríos, rechazó la demanda promovida en 2009 por la firma agropecuaria holandesa Bema Agri y concluyó que la Municipalidad de Victoria “es competente para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones limitativas del derecho de dominio”.

La empresa había cuestionado las normas municipales que le ordenaron paralizar obras hidráulicas de grandes dimensiones en la isla Irupé, situada en el distrito Islas del departamento Victoria, a 70 kilómetros de Rosario.

El tribunal tuvo en cuenta que si bien en la zona se admite la actividad ganadera, está prohibida la agricultura intensiva que implica el uso de agroquímicos y de plaguicidas. También destacó que en el transcurso de la causa el Delta de Paraná fue incluido en la lista de sitios Ramsar, humedales protegidos por legislación internacional.

Luego del fallo, los magistrados Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo Gonzalez Elias dispusieron remitir copias de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria para que se investigue si existió la comisión del delito de usurpación de aguas por parte de la firma Bema Agri.

Bema Agri B.V., propietaria de la isla Irupé, construyó hace una década un terraplén de contención de 19 kilómetros de largo con la idea de manejar los excesos hídricos superficiales y subterráneos en una superficie de 560 hectáreas dedicada a la explotación agropecuaria.

Tiempo después la Dirección de Obras y Servicios Públicos de Victoria ordenó paralizar las obras y reintegrar la tierra removida a sus niveles naturales, decisión que la empresa impugnó administrativamente para luego ir a la Justicia provincial donde pidió la anulación de esas decisiones y la declaración de inconstitucionalidad de esas ordenanzas municipales.

Con el reciente fallo de la Cámara, el gobierno victoriense tiene competencia para reglamentar el uso del derecho de propiedad sobre la tierra, por lo que puede impedir la agricultura en su suelo isleño.

Para llegar a esa conclusión el Tribunal analizó las normas existentes y su alcance tanto en relación a la planificación territorial como a la protección del ambiente. Para los expertos los municipios entrerrianos “son competentes para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones fundadas en razones de interés público y ambientales”.

“La presencia de ganado en el suelo insular no elimina la flora autóctona y en algunos casos la favorece, siendo su impacto negativo tolerable por el ambiente en la medida en que se gradúe y controle la intensidad de la presencia ovina”, en tanto que “la explotación agrícola intensiva que conlleva el uso de agroquímicos o plaguicidas es incompatible con la conservación de la fauna y flora del humedal“, establece el fallo.