Comunidades aborígenes decidieron realizar cortes sobre la Ruta Provincial 307 a los valles en la provincia de Tucumán durante todas las vacaciones de invierno ante la dilación de la justicia al no liberar al cacique Francisco Chaile, cuya causa se lleva adelante en los tribunales de Monteros. Actualmente unas 70 personas se encuentran reclamando la liberación del cacique en la ruta.

El viernes pasado realizaron un corte de rutas para exigir su liberación y la de los comuneros detenidos. Mediante un comunicado expresaron que “la Asamblea de Caciques de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Tucumán, manifestará su repudio a la dilación de la Justicia quien no resolvió la situación del Cacique de la Comunidad India Quilmes, Francisco Solano Chaile quien permanece detenido en la localidad de Monteros desde hace varios días. En tal sentido se resuelve: Manifestarse en la Ruta Provincial 307, en territorio de la Comunidad Indígena de La Angostura a partir de las 7 hs del día 3 de julio de 2015”.

El pasado 6 de junio, Chaile, un menor de edad y una mujer fueron detenidos por un enfrentamiento que se produjo en la Ciudad Sagrada de Quilmes (“Ruinas de Quilmes”), en un intento por desplazar a los actuales ocupantes del lugar histórico.

El enfrentamiento tiene origen en el manejo del sitio arqueológico que para los Quilmes es “territorio, cultura y espiritualidad”. Estalló en el contexto de un cuestionamiento a la autoridad de Chaile, cuya representatividad fue refrendada seis días después mediante una nota que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le envió a la Fiscalía.

El episodio se enmarca en la pelea por los territorios con una larga historia judicial que incluye amparos, órdenes de desalojo, usurpaciones y, en este último caso, violencia y persecución al líder originario.

Aunque la fiscal pidió la prisión preventiva para Chaile por “robo agravado, uso de armas y amenazas”, según la abogada Belén Leguizamón de Andhes (Abogados del Norte por los Derechos Humanos y Sociales) “no hay pruebas que lo vinculen con esa imputación”.

De los doce detenidos durante el enfrentamiento, sólo cuatro pertenecen a la Comunidad Indígena de Quilmes, mientras que el resto “ni siquiera viven en la zona y algunos están sindicados como barras bravas. Es decir, no son comuneros, como llaman en esta parte del norte argentino a integrantes de comunidades indígenas”, señaló la letrada.

La CIQ y la Unión de Pueblos Indígenas de Tucumán exigen celeridad” en el proceso, castigo a los responsables ideológicos y materiales de los hechos y el “cumplimiento de medidas ya dictadas por la justicia provincial, en cuanto a los derechos que les asisten sobre la Ciudad Sagrada”.

Fuente: La Gaceta