Hace 150 años atrás, el presidente Bartolomé Mitre le dio a la comunidad mapuche de Los Toldos 16.408 hectáreas, de las cuales hoy sólo conservan 1000. Este es el caso emblemático que desnuda la problemática de los mapuches en la provincia de Buenos Aires. Según el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) existen 91 comunidades originarias en la provincia, mucha de las cuales tienen conflictos con sus tierras.

Los datos que se manejan sobre los pueblos originarios en la provincia dan cuenta de una realidad que aún no es vista en su complejidad por las autoridades. El CPAI estima que 298.311 bonaerenses se reconocen como descendientes de culturas indígenas, gran parte de esta masa crítica, un 93% vive en centros urbanas, aunque sus antepasados hallan tenido residencia en el ámbito rural. El éxodo, que acompañó a los pequeños pueblos y al campo en un proceso negativo, fue quien hizo trasladar a la familia aborigen a la ciudad.

Para Amnistia Internacional -informa la Agencia Infogei- en la provincia se registran 21 conflictos territoriales. El epicentro se halla en el conurbano, allí hay 13 de estos problemas, 3 en Gran La Plata y los demás en Azul, Junín, Olavarría y General Viamonte. Las comunidades piden la restitución de tierras y muchas de ellas han sido amparadas por la reciente prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial que suspende los desalojos a los que temen gran parte de las familias originarias.

Los pedidos, según Amnistia, además de la restitución de tierras son la regularización dominial de los terrenos que ocupan. Muchos de ellos con precarios o vencidos papeles catastrales. También piden por predios en donde han hallado restos arqueológicos, para que sean protegidos como lugares sagrados y no puedan ser intervenidos, fundamentalmente por la industria inmobiliaria.

En Los Toldos, el caso que se usa como bandera, es un ejemplo de cómo una comunidad originaria, en este caso, mapuche, puede perder a través de los años gran parte de sus tierras por acciones fraudulentas de terratenientes o empresas que se amparan en la falta de una política pública clara con respecto a estas tierras. Aquí viven 1370 familias que constituyen el asentamiento más grande la provincia. Piden la restitución de 4000 hectáreas, de las originales 16.408 que Mitre les dio. Los mapuches afirman que los campos fueron mal vendidos o usurpados, esta comunidad afirma que si no se encuentra una solución a este problema, iniciará acciones legales.