Con motivo de celebrarse el viernes pasado el Día del Animal, los proteccionistas pidieron derogar las leyes que permiten utilizar animales abandonados para la experimentación y garantizar la fertilización masiva para preservar el equilibrio entre los animales que nacen y los que pueden ser adoptados por hogares.

Estamos en emergencia debido a la falta de cumplimiento de leyes vigentes y el funcionamiento deficiente del Instituto Luis Pasteur“, dijo Carolina Ragazzón, integrante de Reclamos por Animales en Argentina, que convocó a una prowwwa frente al centro de zoonosis a cargo de Oscar Lencinas.

La prowwwa apunta a la política que lleva adelante el Instituto al destinar el ciento por ciento de los fondos a la campaña contra el Dengue y descuidar el resto de las acciones destinadas a la protección y control de los animales abandonados y la prevención de enfermedades transmisibles.

“El Pasteur tiene cuatro consultorios (dos móviles) y dos quirófanos totalmente cerrados para la atención sanitaria de los animales (perros y gatos) muchos de ellos abandonados. No se hacen ni castraciones, ni cirugías generales, ni desparasitaciones, ni vacunaciones, ni curaciones de piel, ni infecciones”, sostuvo Ragazzón al describir el panorama con el que se encuentra quien se acerca al instituto Pasteur, sito en la Ciudad de Buenos Aires en Diaz Vélez 4825, en Parque Centenario, en busca de atención.

Según las organizaciones que se concentraron en el lugar, el Ministerio de Salud porteño le asignó al Pasteur la campaña del dengue, política a la que quedaron afectados sus 50 veterinarios.

En respuesta a ese reclamo, Oscar Lencinas, director del Instituto Pasteur, señaló: “Tuvimos que salir a enfrentar 30 focos diarios de dengue. Pusimos todo nuestro equipo y recursos para eso. La función del instituto hoy es el control y vigilancia de la zoonosis; y de vectores y reservorios del mosquito, del roedor, además de elaborar vacunas”.

A propóstio de las funciones de los quirófanos móviles, sobre los que reclama Ragazzón, aclaró Lencinas, “hay cuatro quirófanos móviles y dos estables que el Ministerio de Salud pone a disposición de las castraciones masivas a través de la Agencia de Protección Animal (APRA), un organismo dedicado especialmente a esa tarea. La castración de perros y gatos no es nuestra función”.

“Cuando digo que nos ocupamos del dengue -acotó el director del Pasteur- no es cierto que sólo descacharrizamos: vamos a las casas de las personas con diagnóstico o sintomatología de dengue, para evitar el círculo vicioso propio de la enfermedad”, que implica una serie de tareas y cuidados.

Para Graciela Finoli, de la Fundación para la Defensa del Animal Comunitario (Fundaco), “garantizar el equilibrio entre los animales que nacen y los que pueden ser adoptados en los hogares de una población determinada es una cuestión de salud pública“. Hace dos años, los integrantes de esa fundación denunciaron al estado porteño “por descuidar la castración masiva de animales en la Ciudad de Buenos Aires“.

“No se ven muchos animales abandonados en la ciudad, pero eso no quiere decir que haya un control por parte del Estado, que dice que mantiene las castraciones masivas pero en verdad el servicio es muy limitado. Estamos ante un obstáculo enorme: las corporaciones veterinarias“, señaló.

El viernes pasado se movilizaron al Instituto Pasteur y también frente al Congreso de la Nación para exigir el cumplimiento de la ley nacional 14.346 que garantiza los derechos de los animales contra el abandono y el maltrato y reclamar mayores penas para quienes violan la norma.

La ley es muy antigua y no se cumple. Además pedimos a los legisladores que extiendan su alcance a otros delitos aún hoy no tipificados como son las violaciones, el maltrato animal en zoos, en espectáculos, y actividades ‘recreativas’ como el ‘tiro al pichón'”, de una empresa que ofrece como divertimento pajaritos criados y liberados sólo para ser cazados”, dijo la proteccionista Victoria Perdomo.

La convocatoria contempla otro reclamo: el cumplimiento de la ley porteña 4.351, que se sancionó en 2012 y exige la creación de 15 centros fijos de atención veterinaria gratuita (uno por comuna), los centros móviles, garantizar 100.000 castraciones gratuitas anuales, y la creación del Hospital Público Veterinario. Además, los organizadores pedirán la derogación de la ley 5.346, de 2015, que autoriza al estado a capturar animales y donarlos a laboratorios para experimentación.