El juez había prohibido las medidas de control poblacional de los conejos silvestres que pretendía implementar el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) -dependiente del Conicet- y aprobó un “plan alternativo” presentado por las asociaciones protectoras de animales, consistente en la captura de los ejemplares, su esterilización y traslado a un predio particular.

Calvete hizo lugar el 7 de julio a una medida cautelar presentada por la Asociación de Funcionarios y Abogados para la Defensa de los Animales (Afada) y la Asociación de Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf). Sin embargo, el Conicet “rechazó” los términos de la sentencia, tras considerar que incurre en “errores procedimentales, técnicos y legales”, y desconoce “argumentos científicos aceptados a nivel mundial por organismos académicos, gubernamentales y ambientales”.

Según la postura del organismo científico, el conejo es una especie exótica invasora “en todas las regiones en las que se encuentra, a excepción de Europa, de donde es originario”, mientras que la presencia del “Conejo de Castilla” en Tierra del Fuego, así como en el resto de los lugares que invade, “produce daños que pueden ser irreversibles en los ecosistemas nativos”, asevera un comunicado.

“Como sociedad debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a asumir el riesgo de perder nuestra característica vegetación?, ¿Estamos dispuestos, además, a resignar nuestro legado cultural, los valores simbólicos de nuestros originarios y la fertilidad de nuestras tierras?”, se pregunta el Conicet en referencia a que los conejos también destruyen restos arqueológicos existentes en la península de Ushuaia.

Otro factor que aborda el organismo es el sanitario, al sostener que los conejos son portadores de muchas enfermedades que pueden ser transmitidas a humanos, entre ellas “un coronavirus, con la posibilidad de establecer un cruce a otras especies, la bacteria que produce el Síndrome Urémico Hemolítico, la tularemia o fiebre del conejo, entre otros virus, bacterias, hongos y parásitos”.

Por su parte, las entidades protectoras habían argumentado que la erradicación amenaza la “fauna silvestre y la diversidad biológica”, y que la sustancia pensada para la fumigación resulta “altamente tóxica para cualquier ser vivo”.

El juez había manifestado que las asociaciones demostraron “los derechos que asisten a los animales no humanos, y que también merecen protección judicial”. “El ecosistema protegido está conformado por el medio ambiente, los recursos naturales y también por los seres vivos que habitan en el mismo. Se debe procurar un equilibrio en el que las personas sean espectadores que eviten en lo posible alterarlo, que se sirvan del mundo sin destruirlo, y lo conserven para las generaciones futuras”, escribió el magistrado en su fallo.

Calvete indicó que “mientras no podemos sostener a ciencia cierta que los conejos de castilla generarán un daño grave al ecosistema (…) sí podemos sostener que matarlos en conjunto puede afectar normas constitucionales”.