Parado en sus 25 años, Héctor Luis Paredes mira al mundo con ojos incrédulos. No es que le falten sueños, porque él quiere hacer lo que sabe, lo que hicieron sus padres y lo que hizo su abuelo: Criar ganado y venderlo en los alrededores de su Juan Solá natal. Hablamos de un pueblito del norte salteño, que dista unos 250 kilómetros de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, y muchos menos de la frontera con la vecina provincia de Formosa. No es que le falten ambiciones a Héctor, porque pretende salir de la ganadería de subsistencia que es típica de su región, para producir eficientemente y en escala, asociándose en cooperativa con otros productores, y así proveer carne vacuna a toda la provincia norteña.
Lo que le falta al joven salteño, son condiciones objetivas que le ayuden a materializar sus planes. Una política del Estado que le permita sobrevivir productivamente en su región, ejercer el control de la tierra en la que trabaja, y así evitar que Juan Solá, como otras seiscientas localidades en el interior de la Argentina, se conviertan en breve en pueblos fantasma, por causa del éxodo de su juventud.
El mal que aqueja a Paredes está muy bien individualizado y tiene nombre y apellido: se llama soja.
“Antiguamente, las tierras de nuestra región fueron compradas por grandes terratenientes de otras partes, que las abandonaron hace mucho tiempo, tras arrasarlas con el desmonte que provocó el negocio maderero”, explica a El Federal. Dice que esos campos olvidados del norte salteño fueron ocupados después por cientos de familias de pequeños productores, que se instalaron allí para producir agricultura y ganadería de subsistencia. “Y ahora los nietos de aquellos terratenientes que nos habían dejado la tierra devastada hace varias décadas, pretenden expulsarnos de nuestros campos para sembrar soja. ¿Qué destino podemos tener nosotros en la tierra donde nacimos si no se respetan nuestros derechos?”, se pregunta, con angustia, el joven productor.
El discurso políticamente correcto que solemos repetir de memoria en la Argentina es que estamos empeñados en la construcción de un país federal, donde se ejerza la igualdad y haya un desarrollo equitativo en todas las regiones. Lo repetimos como loros, aunque todos sabemos que, en la realidad, Dios es porteño y atiende en Buenos Aires.

Deuda. A casi tres décadas de la recuperación democrática, ya llegó el tiempo en el que debemos plantearnos qué haremos con los cientos de miles de jóvenes objetivamente obligados a abandonar capacidades, tradiciones, culturas e historias personales no porque quieren, sino porque la nación no les permite arraigarse en la tierra que los vio nacer, por falta de oportunidades. “Para ustedes quedarse en el campo es una pérdida de tiempo. Tienen que estudiar e irse a trabajar a otra parte”, les recomendó don Inocencio Ayala a sus siete hijos, cinco varones y dos mujeres. El viejo chacarero del sur formoseño, natural de una colonia de la Villa 213 en el departamento de Pirané, desencantado con su propia experiencia, alienta a sus descendientes a dejar atrás al legado de varias generaciones para lanzarse a buscar un destino incierto en las grandes ciudades.
Su hijo Néstor, soltero de 27 años, estudió en la Escuela Familia Agrícola (EFA), una agrotécnica que lo capacitó para desempeñarse en las actividades propias de su región, la agricultura y a la ganadería. El vio cómo su padre, que había sido un mediano productor, lo perdió todo durante alguna de las tantas crisis económicas que vivió el campo en el siglo XX. Néstor recuerda cómo don Inocencio, sólo para evitar que le remataran el campo, tuvo que entregar a sus acreedores todas las maquinarias y los insumos que tenía para trabajar. “Si en una colonia encontrás de 10 a 12 jóvenes de 15 a 30 años, es mucho. Entre el 97 y el 2011 migraron más del 90 por ciento de los jóvenes, que están esparcidos en todas las provincias”, explica el joven, que se resiste a abandonar su terruño. “Toda esta gran desconcentración de las colonias nos hace perder identidad, cultura, principios. Los políticos deberían meditar sobre qué le dejaremos nosotros a nuestros hijos”, afirma.
La amargura de Néstor no es gratuita. Los sucesivos gobiernos nacionales, provinciales y hasta municipales, de todos los colores políticos, han hecho ciertamente poco para sostener las aspiraciones de los jóvenes a crecer en sus propios pueblos de origen.
Recién en este momento crítico parece estar componiéndose una respuesta a esta vieja aspiración, de manos de una iniciativa de la centenaria Federación Agraria, que además cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional. Se trata de un Plan de Arraigo Juvenil, elaborado por los equipos técnicos de FAA, con la colaboración de profesionales del Ministerio de Agricultura, que por estos días se está tratando en la comisión de Economía y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados de la Nación.

Proyecto. El diputado pampeano Ulises Forte, un radical histórico de los federados, presentó la iniciativa explicando que “buscamos que los jóvenes que cuenten con iniciativas para emprender o fortalecer proyectos productivos, comerciales, tecnológicos, de servicios, que aumenten la sustentabilidad económica y social de las regiones en las que viven, puedan tener un estímulo para cumplirlas.”
El proyecto prevé la creación de un Fondo anual de quinientos millones de pesos destinado a financiar los proyectos y anteproyectos seleccionados, de manera parcial o total, en forma de crédito o aporte no reintegrable. Las previsiones indican que se podría financiar una base de 2.500 proyectos anuales a razón de doscientos mil pesos promedio cada uno, lo cual permitiría una movilización y potenciación de recursos sustantiva. Además, contempla la capacitación y formación técnica, tecnológica, comercial, administrativa y financiera, orientada a las distintas necesidades territoriales y realidades sociales locales; y becas de estudio para sus beneficiarios. “Creemos fervientemente que el arraigo de los jóvenes en sus lugares de origen y en el medio rural no se debe limitar exclusivamente a la promoción de la actividad agropecuaria, sino al conjunto de las actividades económicas involucradas en la ruralidad que dinamizan los pueblos del interior. Por eso buscamos generar igualdad de oportunidades frente a las que ofrecen las grandes ciudades, para promover el crecimiento y desarrollo del interior”, concluye el ex vicepresidente de FAA.
Una comunidad incapacitada para soñar, y desmotivada para pensar en términos de progreso, está condenada a desaparecer. Para muestra basta un botón. Pasa con la comuna de Florencia, por ejemplo. Natural del noroeste santafecino, en el Departamento General Obligado (a 465 km de la capital provincial), es un importante centro productivo agrícolo-ganadero con gran actividad comercial. El año pasado aspiraba a convertirse, tras el censo, en la ciudad número 51 de la segunda provincia del país. Según los datos del Indec, en el 2001 Florencia tenía 8.204 habitantes. La población estimada al año 2010 era de 13.500 habitantes. Con esa cifra, el pueblo de Florencia sería tratado, en lo sucesivo, como la ciudad de Florencia. Pero la realidad le encargó de dar un cachetazo a las aspiraciones de la localidad santafecina. Tras el relevamiento, se informó que Florencia tenía 7.219 habitantes, y, por lo tanto, seguirá siendo pueblo. No sólo no había crecido, sino que en diez años había disminuido sensiblemente su población. Florencia deberá aplazar sus aspiraciones de grandeza para mejores tiempos.

Concentración. Aún no se conocen los resultados finales del censo 2010. De acuerdo con el realizado en 2001, a pesar de que la densidad de población en nuestro país es de apenas catorce habitantes por kilómetro cuadrado, el 60  por ciento de la población total está concentrada en la región integrada por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una superficie que no alcanza al 22 por ciento del total del país. Además, el 33 por ciento de la población total está concentrada en Aglomerado Gran Buenos Aires.
De la calidad de vida que goza esa población hacinada en los grandes centros urbanos, que muy probablemente usted mismo integre, amigo lector, no haremos mayores comentarios.
Lo que sí merece destacarse, es la iniciativa que hoy parece transformarse en una política de Estado que hoy refleja consenso del oficialismo y de la oposición: Hay que lograr que los jóvenes vuelvan a casa. Para la joven productora ganadera Verónica Curti, natural de Villa Minetti, en el norte santafecino, es imperativo hacer algo, y pronto:  “La única salida que tiene un joven de mi pueblo cuando termina sus estudios es la terminal de ómnibus, para irnos a Retiro. Y la mayoría de los chicos que van a Buenos Aires no se hacen la América. Terminan en una villa, drogándose, entonces lo que queremos como jóvenes es volver a nuestros pueblos y tener la posibilidad de producir. Tener derecho a un crédito, para poder seguir trabajando y soñando un futuro en el lugar donde nacimos”, expresa la joven de 26 años, que hoy administra un pequeño emprendimiento familiar de cría de porcinos. “Mi viejo siempre fue productor ganadero y tuvo su chacra familiar. Yo defiendo mis raíces. Quiero que haya políticas públicas más justas que nos ayuden a producir y permanecer en nuestros pueblos, que se están quedando sin habitantes, y donde ya no encontrás un joven”, concluye.
En la misma línea, Carlos Caballero, oriundo del pueblo sanjuanino de Pampa Vieja (2000 habitantes), en el departamento de Jáchal, quiere conservar sus raíces ancestrales, basadas en la producción regional de membrillos y cebollas. Aunque tiene una profesión -es profesor en orientación primaria- aspira a quedarse en su pueblo y asociarse con otros con una ayudita del Estado, para no perder su herencia familiar. “Estamos volviendo a apostar al campo, a seguir trabajando, sabiendo que con un esfuerzo y trabajando en conjunto, superaremos al individualismo y obtendremos mejores precios para nuestras producciones”, afirma, casi como en una proclamación de principios.

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